El 18 de julio de 1994 a las 9.53 horas tuvo lugar el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Un coche-bomba estalló frente al edificio, lo que provocó 85 muertes y 300 heridos en lo que supuso el mayor atentado terrorista de la historia de nuestro país.
Los socorristas trabajaron durante dos días de forma ininterrumpida para rescatar a las víctimas de entre los escombros. La explosión, que se escuchó a varios kilómetros de la mutual judía, dejó un cráter de dos metros en el lugar donde se encontraba el edificio. Ese hecho también fue el inicio de un entramado judicial complejo que aún hoy tiene más interrogantes que certezas.
La justicia argentina, en sus distintas instancias, determinó que los atacantes integraban el grupo terrorista Hezbollah con apoyo de diplomáticos iraníes. Lo que aún no se ha podido esclarecer con certeza es la mecánica del ataque. Además, no hay pruebas o indicios que confirmen o descarten si hubo participación de argentinos y en qué grado.
Alberto Nisman soñó por muchos años ser el fiscal que iba a resolver la causa AMIA. Su hipótesis era que el ataque a la mutual judía lo había perpetrado un grupo de iraníes con apoyo del Estado de Irán.
Luego, tras la firma del Memorándum de entendimiento con Irán impulsado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal especial de la UFI-AMIA sospechó que ese acuerdo era, en sus propias palabras, “la finalización del proceso de impunidad”.
Nisman creía que ese pacto buscaba desvincular a ese país de la causa AMIA por intereses económicos y geopolíticos. Por ello, el 14 de enero del 2015, el fiscal acusó a la entonces jefa de Estado de supuesto encubrimiento agravado, junto al canciller Héctor Timerman.
El 18 de enero de 2019 se cumplen 4 años del día en que el fiscal federal apareció muerto en su departamento de Le Parc en Puerto Madero. Quien soñara con cerrar una polémica causa no hizo sino provocar la apertura de una nueva en la que, irónicamente, también hay más dudas que certezas.
