POLITICA
Potenciar Viajeros

El Gobierno avanza con el recorte de los 160 mil planes sociales de quienes viajaron al exterior

A partir del lunes, el Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello estaría en condiciones de pedir la suspensión de esos pagos.

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Pettovello. La encargada de los planes Potenciar Trabajo. | telam

El Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, y más específicamente la Secretaría de Niñez y Familia, avanza con la baja de 160 mil planes “Potenciar Trabajo”, que estarían llegando a los bolsillos de personas que viajaron al exterior en aviones y embarcaciones de lujo a lo largo del año pasado.  

La investigación llevada adelante por el fiscal Guillermo Marijuan a fines del año pasado y que relevó información de Migraciones, reveló que casi 160 mil personas beneficiarias del plan habrían cruzado la frontera con fines turísticos en distintos tipos de transporte. De la pesquisa se desprende que dicho universo de personas no estarían en condiciones de recibir los fondos por incompatibilidades.   

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Recursos. El análisis abarca a más de un millón de planes.

A partir de mañana la cartera de conduce Sandra Pettovello quedará habilitada para dar de baja el pago a esos beneficiarios luego de haber pedido información a la Justicia. Tal como informó este medio, más allá de la investigación del fiscal Marijuan, el área a cargo de Pablo De la Torre comenzó a partir del 1° de enero una exhaustiva auditoría para determinar el estado de situación en el que se encuentran los 1.200.000 planes que hoy entrega el Gobierno, heredados de la gestión de Alberto Fernández

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En concreto, se trata de una suma que ronda los $12 mil millones. La medida va en línea con el ahorro fiscal y la impronta que el presidente Javier Milei busca darle a su gobierno bajo el lema “no hay plata”. Mucho más si se trata de darle de baja a planes recibidos por personas que no lo requerirían.  

La Anses a cargo del cordobés Osvaldo Giordano deberá intervenir en el proceso dado que una vez suspendidos los pagos, el organismo deberá convocar a los involucrados a acreditar su situación en el plazo de diez días y certificar su “vulnerabilidad social”. Si bien no hay precisiones sobre la fecha en la que se habrían iniciado las irregularidades, el fiscal Marijuan estima que viene aconteciendo desde el inicio del 2020.