En Comodoro Py avanza una causa que investiga si hubo una defraudación al Estado al permitir el pago de millonarias indemnizaciones por ser víctimas del terrorismo de Estado a guerrilleros que se habían alzado contra un gobierno constitucional. Se trata del caso de la toma del regimiento Monte 29 de Formosa en 1975, mientras gobernaba Isabel Perón, donde murieron doce militares y doce guerrilleros. Desde la fiscalía ya tienen acreditado que los familiares de nueve de esos guerrilleros cobraron el subsidio y ahora esperan otras medidas de prueba para definir si impulsan la causa o no.
Según información que ya consta en el expediente, los guerrilleros en cuestión recibieron bonos del Estado que se fueron emitiendo entre los años 1999 y 2013 (cada uno tuvo su expediente particular). Sumados totalizan $ 3,5 millones, pero como fueron otorgados en diferentes períodos si se actualizan por inflación suman un monto de más de $ 90 millones. Esos datos fueron aportados por el Ministerio de Hacienda hace poco más de dos meses respondiendo un pedido de informes de la justicia federal.
Definen si anulan indemnizaciones dadas a guerrilleros
El fiscal Ramiro González, que tiene a su cargo la investigación, volverá de vacaciones a mediados de enero y al recibir más información que fue solicitada (debe analizar, por ejemplo, cómo fue el procedimiento de entrega de cada una de las indemnizaciones) definirá si avanza con la investigación. Hasta el momento, la causa, que cayó en el juzgado de Daniel Rafecas, está caratulada como “estafa”.
La denuncia original la presentó Jovina Luna, la hermana de uno de los conscriptos que falleció en el ataque. Allí acusó de defraudación al Estado, falsedad ideológica de documentos públicos e incumplimiento de sus deberes a ex funcionarios y particulares que, según sostiene, permitieron que se incorpore al listado de víctimas del terrorismo de Estado a guerrilleros que murieron en ataques cometidos durante el gobierno constitucional de Isabel Perón. Allí incluye a quienes lideraron la Secretaría de Derechos Humanos en las últimas décadas, como Martín Fresneda, Eduardo Luis Duhalde o Diana Conti, entre otros.
Durante el tramo final de su gobierno, Mauricio Macri se interiorizó en el caso, encabezó un homenaje a los militares y conscriptos caídos en el hecho conocido como Operación Primicia y habilitó un subsidio para sus familiares. Además, en el Ministerio de Justicia se abrió una auditoría para analizar el caso e incluso para tomar una determinación por otro reclamo de Luna: que sus nombres sean quitados de la lista de la Conadep y de los muros del Parque de la Memoria. Ahora deberá ser el nuevo gobierno el que defina si sigue ese camino o no.
