El empresario santacruceño y propietario de la firma Austral Construcciones, Lazaro Báez, sostuvo que su defensa expuso “la realidad y la verdad” en el juicio por supuestos delitos en el otorgamiento de obra pública en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, al dirigirse por última vez al tribunal que lo juzga.
“No voy a hacer uso de la palabra, quería agradecer a mi defensa que ha expresado con claridad todo lo que ha sucedido a lo largo de este tiempo en que hemos sido privados de nuestra libertad”, fueron las primeras palabras del empresario a los jueces del Tribunal Oral Federal 2, al comienzo de la audiencia.
El empresario patagónico está acusado como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada con un pedido de doce años de prisión por parte de la fiscalía y un reclamo de absolución por parte de su abogado defensor Juan Villanueva.
Conectado de manera virtual y en una declaración muy escueta concluyó: “Porque la verdad, la única que se preocupó en buscarla fue mi defensa y la del resto de las personas que han sido imputados en esta causa. Nada más, muchas gracias”.
Por otra parte, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido también hizo uso de su derecho y remarcó que “es la tercera vez que para imputarme utilizan relatos mediáticos de opositores políticos” y añadió: “Es la tercera vez que me traen a un juicio de manera direccionada”.
De Vido cuestionó además que “se omitió la presencia de otros compañeros de gabinete que llevaron adelante junto conmigo la gestión del Estado”. Sin mencionarlo, incluyó allí a varios jefes de Gabinete que fueron señalados en la causa, entre ellos el actual presidente Alberto Fernández.
Reivindicó luego la figura del expresidente Néstor Kirchner, al recordar que buscó cubrir las “asimetrías regionales” en la distribución de obras y subrayó que “asumió la Presidencia de la Nación no como jefe de una banda sino como presidente de la República legítimamente electo por el pueblo”.
El exfuncionario agregó que lo que los fiscales en su acusación llamaron un “plan para limpiar todo”, fue en realidad “la reasignación de partidas para que las obras no se paralizaran”.
“Venía el cambio de gobierno y el gobierno de Macri procedió tal cual sospechábamos, abandonaría el plan estratégico territorial y rescindiría todas las obras”, explicó.
Este proceso, “ese abandono de obras en todo el país que causó perjuicio a todos los ciudadanos es el que debía estar investigándose, señores jueces, porque todos en algún momento lo vamos a pagar”, advirtió.
Sobre Cristina Kirchner, indicó: “Me solidarizo con todos los imputados y la imputada, en particular, los que siempre soportaron con estoicismo y dignidad esta injusta persecución que termina y conluye en una política judicial denominada lawfare”.
El cronograma dispuesto por el tribunal compuesto por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini estima que el martes 29 de noviembre van a tener oportunidad de decir sus declaraciones finales la vicepresidenta Cristina Fernández, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y el exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner.
La Sala del tribunal deberá fijar luego la nueva fecha para dar posibilidad de declaración a los últimos cuatro acusados. Con base en esa instancia, se sabrá cuándo se pronunciará el veredicto, que deberá ser emitido en la misma jornada en que termine de manifestarse el último de los procesados. En la nómina se encuentran los ex responsables de Vialidad provincial en Santa Cruz, Raúl Pavesi, José Santibáñez y Juan Carlos Villafañe y del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti.
Además de los doce años para Báez, la fiscalía solicitó diez años de cárcel para Julio De Vido y Nelson Periotti, y seis años para Collareda y Villafañe. Para Daruich y Pavesi requirió cinco años y cuatro años para Fatala y Santibáñez. En cuanto a Carlos Kirchner, los dos fiscales solo postularon una condena a dos años en suspenso por abuso de poder. Sin embargo, las defensas de todos los imputados reclamaron que sean absueltos por inexistencia de delito.
El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de las empresas del Grupo Báez, comenzó en mayo de 2019 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, tras seis meses interrumpido por la pandemia de covid-19, sin recuperar nunca la presencialidad plena.
A lo largo de más de tres años de juicio, el tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias. En relación con el veredicto, se proyecta que también se dará a conocer en una audiencia virtual.
