Desde el lunes empieza un rally contra reloj para conseguir casi 10 mil millones de dólares lo más rápido posible. El Congreso será el escenario del combate más visible pero, en realidad, habrá en paralelo otros menos notorios pero igualmente determinantes. Por ejemplo, la aprobación que deberá hacer el staff del Fondo Monetario Internacional.
El anuncio del acuerdo encendió el declaracionero de todo el espectro político y, por supuesto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, salió de gira por los medios más afines al Gobierno. Explicó que este trato tendrá diez revisiones y que los desembolsos serán trimestrales a cambio de pasar esas pruebas. El primer envío del FMI será de US$9.800 millones.
¿Y si la aprobación se demora y ese dinero no llega, hay plata para pagar? Es la pregunta del millón y los tiempos corren. Fuentes oficiales muy cercanas al ministro de Economía admitieron que si hubiera demoras en la llegada del desembolso también las habría en el pago del vencimiento de marzo pero se haría la vista gorda para que no haya default.
Es un dato crucial que explica el apuro del Gobierno por anunciar el acuerdo y que nuevamente pone luces anaranjadas sobre la salud de las reservas.
Otras fuentes en Washington señalaron que la aprobación saldrá aunque no de modo dócil, y por eso se espera junto con ella un mensaje para la Argentina que pegará en el corazón de la falencia de este Gobierno: la inflación.
El acuerdo preé una baja paulatina pero siempre de dos dígitos hasta el 2024, cuando tendrá según reza el memorándum un piso de 29%, la misma apuesta a la que quiso llegar Guzmán el año pasado y la meta se pulverizó en solo siete meses.
Encorsetar la inflación será la misión más ardua y de hecho lo viene siendo. Dividiendo aguas en el equipo económico que estuvieron aquietadas en público para no enfriar el anuncio oficial pero que podrían reencenderse a la brevedad. Por ejemplo, en torno al congelamiento de precios.
Desde enero se suscribió un nuevo acuerdo voluntario de precios (Precios Cuidados) con más de 150 participantes del sector privado, para que los aumentos de precios no superen el 2% mensual en 1.300 productos representativos de la canasta de consumo masivo.
En el sector privado se sigue creyendo que la caza por buscarle un culpable a la inflación no cesó. En el Grupo de los Seis, que no se reúne desde el año pasado, descuentan tanto que habrá aprobación parlamentaria como también más tensiones con el empresariado por la suba de precios. Porque consideran que las reformas de fondo se patearán para adelante, es decir que el próximo gobierno (sea el que fuere) deberá debatir el achicamiento del gasto político.
Por ahora con debatir el nuevo cuadro tarifario ya hay de sobra. Si bien el acuerdo señaló que se impulsará una audiencia pública convocada a fines de abril de 2022 para definir en el bienio 2022-2023 una nueva propuesta tarifaria; el golpe en las próximas boletas ya es un hecho.
La segmentación 2022-2023 contempla tres niveles: los usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago; los beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del año anterior y el resto de usuarios que tendrá que pagar un piso de 80% más. Y esto también traerá más inflación porque se trasladará a toda la economía.
