El Gobierno, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), puso en marcha una ingeniería legal que beneficia a Hotesur, la empresa de la familia Kirchner, y le otorgó cinco meses de tiempo para que subsane las faltas denunciadas en la Justicia: adeuda tasas, declaraciones juradas y consignó una sede que resultó ser ficticia.
El 20 de noviembre el juez Claudio Bonadio realizó el allanamiento de la supuesta sede de Hotesur. En el último domicilio declarado, Lavalle 975, sólo encontraron un departamento vacío. A su vez, el magistrado allanó la IGJ para buscar los legajos de la empresa presidencial. Ese mismo día se inició en la dependencia del Ministerio de Justicia el Expediente Nº 5123819/7253055, cuyo contenido preciso se desconoce aún pero tiene el título “Análisis Sanción Sociedades no Registradas”. Allí comenzó a tejerse lo que a todas luces parece un traje a medida de Hotesur.
El expediente aparece mencionada en los considerandos de la Resolución 4/2014 de la IGJ del 12 de diciembre, que creó un Registro de Entidades Inactivas (REI), pero también dispone que las empresas que están en falta, como Hotesur, contarán con tiempo hasta el 30 de abril para subsanar los errores y faltas cometidas. Así, obligaciones que serían exigibles de manera inmediata a la empresa Hotesur -y el resto de las sociabilidades que se encuentran en la misma situación- son diferidas hasta el año próximo, con el agravante de que se podría ofrecer en esa fecha una nueva prórroga con la sola decisión del titular de la IGJ, Diego Cormick.
Así, la resolución que aparece como una medida de transparencia, porque el registro será público, permitirá en los hechos que se realicen los trámites para que Hotesur quede bajo la protección del cepo informativo que creó la IGJ en 2012, en coincidencia con el estallido del escándalo por la presunta participación del vicepresidente, Amado Boudou, en la compra de la Calcográfica Ciccone.
Con la resolución 4/2014 en plena vigencia, la empresa hotelera de la familia Kirchner comenzó el proceso para regularizar su situación con dos trámites que, sin embargo, están aún lejos de disipar todas las dudas que existen respecto a esta sociedad que gestiona el Hotel Alto Calafate.
Esta propiedad presidencial está en la mirada del juez Penal Tributario Federal López Biscayart por el contrato de alquiler de habitaciones que mantuvo con la empresa Valle Mitre, propiedad del principal beneficiario de la obra pública en la región patagónica, Lázaro Báez.
Esta es la razón por la cuál es tan importante conocer la información sobre los propietarios de la firma y la composición de su directorio, sobre todo cuando ocuparon cargos personas vinculadas a Valle Mitre.
Con demora. Según confirmaron a PERFIL fuentes del Ministerio, el día 15 de diciembre se presentó la Declaración Jurada de Hotesur ante la IGJ. En la AFIP ya existían los registros de esta Declaración Jurada, pero la diferencia es que la presentación ante el organismo fiscal no contiene el acta de asamblea que los aprueba y, en consecuencia, no se puede saber quiénes son los accionistas de la empresa ni el directorio.
Una semana después, se publicó en el Boletín Oficial el acta de la “asamblea ordinaria unánime” (esto es, con la presencia de todos los accionistas) “de fecha 26 de marzo de 2014”, en la cual se designaron a familiares de Cristina Kirchner como titulares y suplentes de la dirección de la empresa.
La sobrina de la Presidenta Romina Mercado fue nombrada presidenta y comparte la posición de titular en el directorio con la hermana de Cristina, Gisella Fernández, y María Rocío García (esposa de Máximo). En tanto, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner -hijos de la mandataria- y Carlos Alberto Sancho (socio de Máximo) fueron designados como directores suplentes.
Además, se presentó el resultado de una reunión del directorio anterior, con fecha del 20 de diciembre de 2013, en la que se trasladaba “la sede social a la Calle Avenida Leandro N. Alem 530 Piso 3”, de la Ciudad de Buenos Aires.
En este punto Hotesur cae en una contradicción. Como reacción al allanamiento decretado por Bonadio, la empresa había difundido un comunicado a través de la cuenta de la Casa Rosada en la que se indicó que “al momento de adquisición de la sociedad” tenía domicilio en Capital, pero en “Asamblea de Accionistas realizada en el mes de marzo de 2010” se decidió modificar el domicilio a la “Provincia de Santa Cruz”. Ahora dice que su domicilio está en Capital.
En la práctica, la IGJ no suele aplicar sanciones económicas, pero impide a empresas en falta realizar cualquier trámite hasta que regularice sus situación, indicaron a PERFIL empleados del organismo y abogados especializados en este tipo de trámites. Sin embargo, el ojo público podría poner en riesgo a los funcionarios implicados, que quedarían expuesto a una demanda de incumplimiento de deberes de funcionario público si no aplican las normas correspondientes en el caso de la empresa de la jefa de Estado. Por ello, los cambios no sólo apuntan hacia afuera sino hacia adentro del organismo.
Un técnico para apagar los incendios en la IGJ
El abogado e integrante de la agrupación Justicia Legítima Diego Martín Cormick es el titular de la Inspección General de Justicia que debió capear el temporal desatado tras el allanamiento del juez Claudio Bonadio en la empresa Hotesur. Accedió al cargo en octubre pasado, tras la renuncia del militante K Rodolfo Tailhade y un breve interregno a cargo de la abogada camporista Analía Spatola.
El alejamiento de Tailhade fue presentado como una decisión motivada en la necesidad de que concentre sus fuerzas en la tierra massista de Malvinas Argentinas, donde fue elegido concejal en 2013. Sin embargo, calificadas fuentes del ministerio indicaron que no fue una decisión del propio Tailhade y, de hecho, para él resultó una pésima noticia.
A diferencia de sus antecesores, Cormick tiene un perfil menos militante. Pero todos confirman que sigue al pie de la letra las instrucciones del secretario de Justicia Julián Alvarez, virtual titular de la cartera e integrante de la mesa nacional de La Cámpora.
Al llegar a la IGJ, Cormick se presentó como “un hombre técnico” y mostró sensibilidad ante “las opiniones de los hombres históricos de la casa”. Sin embargo, Cormick no modificó la política que impuso un virtual cepo sobre los expedientes de la IGJ desde 2012, al establecer que los demandantes de información debían acreditar un “interés legítimo”.
Tanto Diego como su tío Hugo Cormick integraron el cuerpo de profesores de la Universidad de Moreno y fueron firmantes de la solicitada de Justicia Legítima, el grupo de juristas con fuerte afinidad a las posiciones oficiales. Hugo Tomás es presidente del Frente Grande porteño.
