El lunes Amado Boudou se presentará a las 11 ante el juez Ariel Lijo para escuchar los cargos en su contra y dar explicaciones sobre el caso Ciccone. Pero su defensa considerará nula la acusación y apelará a segunda instancia. El vicepresidente retomó aliento y lleva adelante una defensa frenética. Sin embargo, cada tanto se le congela la sonrisa. El miércoles pasado, en un momento de ira, redactó su renuncia en su despacho del Senado. Las alarmas de la Casa Rosada se encendieron y lo hicieron desistir. Ese mismo día terminó posando sonrisas en un acto junto a la presidenta Cristina Kichner.
“Tuvo un impulso de bronca, nada más. Por eso quiso renunciar, pero él sabe que tiene el respaldo de la Presidenta”, confirmó a PERFIL un allegado al vicepresidente que lo acompaña día y noche. En la última semana Boudou no durmió más de tres horas por día.
Un día antes, Boudou se contactó con la Presidenta, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini y el secretario de Inteligencia, Héctor Icazuriaga. Cristina le dijo que creía en él y que lo iba a respaldar. El jueves, por la noche en el programa oficialista 6,7,8, Boudou se limitó a decir que en ningún momento la Presidenta dio la orden de avanzar contra Lijo. No negó los contactos.
Al menos por el caso Ciccone, Lijo no será denunciado ante el Consejo de la Magistratura. Pero ya habría particulares dispuestos a buscar la destitución del magistrado. En el Gobierno lo saben.
Todo indica que el laberinto de la causa Ciccone es mucho más complejo de lo que dejó trascender el juzgado. A Boudou se lo acusa de haber utilizado su cargo de ministro de Economía para que su socio y amigo José María Núñez Carmona, mediante el abogado Alejandro Vandenbroele, se quedara con la empresa Ciccone Calcográfica, previo levantamiento de su quiebra.
Lijo, entre otras pruebas, sustentó el llamado a indagatoria a Boudou en los dichos de Nicolás Ciccone y de su yerno Guillermo Reinwick. Los dos acusadores tuvieron varios roles en la causa: primero imputados, luego testigos, querellantes y ahora imputados.
Pero ése no es el único dato extraño de la trama. Lijo no quiso, por el momento, llamar a indagatoria al jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, ni como testigo al banquero Jorge Brito. Ambos pedidos habían sido hechos por el fiscal Jorge Di Lello.
En otros cruces telefónicos que constan en el expediente, se encuentran más de 300 llamadas realizadas en 2011 entre el Nextel de Pablo José Amato, otro de los yernos de Ciccone, y un número, también de Nextel, que figura a nombre de la presidencia del Banco Macro. Durante el 2012 los radios y alertas entre el número que termina con el 2037 y el 0103 se incrementaron.
Amato, uno de los históricos directivos de Ciccone, jamás fue llamado ni como testigo. Nicolás Ciccone, según consta en el expediente, dijo que desconocía quiénes iban a ser los aportantes para salvar la quiebra, es decir los 50 millones de pesos que terminaron apareciendo a través del Macro y la intersección del ex banquero mendocino Raúl Moneta, que tenía en su viejo staff de abogados a Vandenbroele, otro mendocino.
Según fuentes judiciales con acceso al expediente, tampoco se llamó como testigo al ex vicepresidente de la Ciccone, Máximo Lanusse, quien habría depositado unos $ 5,4 millones en efectivo en una cuenta de la sociedad The Old Fund. Lanusse también fue directivo del Macro y hombre de confianza de Brito.
A mitad del caso, el abogado Marcelo Ruiz, se sumó a la defensa de Nicolás Ciccone. Se trata de un ex espía de la SIDE con un rol protagónico en épocas de Hugo Anzorreguy como jefe del organismo. El otro abogado de Ciccone es Maximiliano Rusconi, que había representado en una causa a Moneta. Por esta extraña cadena de hechos y relaciones, la Presidenta parecería estar dispuesta a sostener a un vicepresidente que se encamina a un seguro procesamiento.
Otros de los enigmas del expediente rodean al titular de la AFIP. Tanto el fiscal Carlos Rívolo, que fue apartado del caso, como su par Di Lello, habían puesto a Echegaray en la lista de imputados. Fuentes de Tribunales apuntan al abogado Sergio Vargas, como el nexo entre Echegaray y los pasillos de Comodoro Py. Vargas, liceísta naval al igual que el jefe de la AFIP, fue expulsado del Ministerio de Defensa cuando la entonces ministra Nilda Garré descubrió que defendía a marinos denunciados por la represión ilegal. Después de ese incidente Vargas comenzó a trabajar para la AFIP.
El dato parece una amenaza concreta: “Lijo va a terminar como (Carlos) Liporace”, dijo una fuente del Gobierno. Liporace fue el juez que investigó el caso de contrabando de cocaína en un vuelo de Southern Winds. Renunció en 2006 un mes después de que su juicio político fuera aprobado por el Consejo de la Magistratura. Estaba acusado del peor de los pecados que se le puede endilgar a un juez: “parcialidad” en favor de una de las partes en un juicio.
La Presidenta viajó a El Calafate
La jefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner, partió ayer al mediodía rumbo a El Calafate. Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la Presidenta volverá mañana por la tarde. Cristina no visitó ayer al seleccionado nacional de fúbtol, a una semana del Mundial de Brasil. Se especulaba con que podía hacerlo. No estará presente tampoco en el último amistoso ante Eslovenia, que se jugará en el Estadio Unico de La Plata, donde el anfitrión es el gobernador bonaerense, Daniel Scioli.
El Gobierno pretende obtener un respiro con el Mundial de Fútbol. De hecho, la TV pública compró los derechos para la transmisión exclusiva de todos los partidos. Aspiran a que el “efecto Mundial” diluya el escándalo que envuelve al vice.
