POLITICA
el miércoles

Bullrich, citada a Comodoro Py por el protocolo antipiquetes

Patricia Bullrich
Patricia Bullrich | NA

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue citada por la Justicia el próximo miércoles 14 de febrero, para justificar el denominado protocolo antipiquetes.

El magistrado Federal Sebastián Casanello la convocó en el marco de la denuncia impulsada por la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro, quien apunta no solo a la suspensión del procedimiento, sino también a su inconstitucionalidad por lo que reclamó una medida cautelar a fin de evitar su aplicación.

La causa pasó por tres fueros distintos (electoral federal, contencioso administrativo y criminal federal) donde tras varias declaraciones de incompetencia, finalmente se remitió al último por considerar que se trataba de una acción de Habeas Corpus.

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Con el expediente en manos de Casanello y tras analizar el descargo del Ministerio de Seguridad que, entre otras cosas manifestó que el protocolo surgió “por la urgencia de la situación” y que los derechos de libertad de expresión, de asociación, de participación política plena y de protesta al no ser absolutos, “son susceptibles de ser limitados y generar responsabilidad civil y penal en quienes lo ejerzan de forma violenta”; esta semana el Juez determinó una medida cautelar donde si bien no ordenó la suspensión del protocolo y sostuvo que la constitucionalidad del mismo se tendría que dar a través de un amparo, le exigió a Bullrich adecuar la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales “a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho”.

La respuesta judicial por parte de los abogados del Ministerio de Seguridad no se hizo esperar, recurrieron al fallo de Casanello, por lo que será la Cámara Federal Porteña quien determine si se mantiene o no la medida cautelar.

La Justicia instó a Patricia Bullrich a brindarle los "fundamentos jurídicos" del protocolo antipiquete

Para la legisladora de la Ciudad, el mecanismo vigente desde hace casi dos meses vulnera los derechos y garantías en las movilizaciones. El procedimiento habilita a las fuerzas dependientes del Gobierno Nacional como Policía Federal o Gendarmería Nacional a intervenir ante situaciones donde se impide el tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales.

La audiencia que se realizará cerca del mediodía en los Tribunales de Comodoro Py, será de carácter privado. Además de Bullrich, quien puede enviar a un representante del Ministerio de Seguridad, participarán la legisladora Celeste Fierro y la Fiscal Paloma Ochoa. En el encuentro se escucharán los argumentos de todas las partes sobre la legalidad o no del reglamento aplicado para las manifestaciones callejeras.

Los elementos a evaluar del “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” tienen que ver directamente con si su aplicación afecta los derechos de libertad de circulación o de reunión pacífica.

En ese marco, tres relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas sostuvieron que “el derecho a la reunión pacífica, junto con otros derechos conexos, constituye el fundamento mínimo de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y el pluralismo”, en términos llanos, coincidieron que dichos derechos, podrían estar en riesgo.

¿Qué puede ocurrir con el protocolo antipiquetes después del miércoles? Diversos escenarios que van desde la nulidad del procedimiento, la revisión del procedimiento hasta una nueva restricción al Ministerio de Seguridad. Sin embargo, la decisión sobre el Habeas Corpus puede ser apelable.

Por otra parte, si bien la cautelar recurrida por el Gobierno no tiene efecto suspensivo alguno, hay un claro señalamiento de la Justicia al Ministerio de Seguridad de ajustarse a derecho. Esto quiere decir que advierte a la cartera de Bullrich no buscar anticiparse a definir la existencia o no de un delito, porque precisamente eso es materia del Poder Legislativo así como tampoco prejuzgar pues es una acción inherente al Poder Judicial.