POLITICA
"En las próximas 72 horas"

La Justicia instó a Patricia Bullrich a brindarle los "fundamentos jurídicos" del protocolo antipiquete

La medida fue solicitada por el juez Sebastián Casanello. Es el primer expediente en el que la Justicia evalúa la validez legal del protocolo y sus contornos en el respeto de normas de rango constitucional.

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Ministra. Dijo que hubo “provocaciones” de los manifestantes. | NA

El juez federal Sebastián Casanello se declaró este lunes competente en la causa en la que se pide la “inconstitucionalidad” del protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad e instó a su titular, Patricia Bullrich, a dar explicaciones sobre el mismo.

El juez pidió a Bullrich que presente “en las próximas 72 horas” un informe que detalle los “fundamentos jurídicos” de la aplicación del protocolo y “si fueron consultadas” la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.

"Líbrese oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación, a efectos de que, dentro de las 72 horas, presente el informe circunstanciado previsto en su art. 11, respecto del dictado de la Resolución nro. 943/2023 (protocolo antipiquete)", detalló el documento firmado por Casanello, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 7.

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Al respecto, el magistrado solicitó que se identifique “pormenorizadamente el procedimiento que precedió su emisión, informando todos sus antecedentes y remitiendo su hoja de ruta y los dictámenes jurídicos previos realizados”. También deberá aclarar si fueron consultados "otros organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Justicia de la Nación -y su Secretaría de Derechos Humanos-, y si fueron consultadas -formal o informalmente- organizaciones de la sociedad civil y/u organismos internacionales”.

En esa línea, el juez pidió “precisar los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el ‘Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación’”, así como determinar si existió un "examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos”.

Sebastián Casanello
El juez federal Sebastián Casanello invocó "las observaciones efectuadas y la información requerida (...) de la ONU" sobre el protocolo.

“Del mismo modo deberá informar si el dictado de esa resolución fue acompañado y/o precedido del dictado de otros actos administrativos que lo complementen, aclaren y/o modifiquen; en su caso, deberá aportarlos junto con sus antecedentes”, remarca el texto.

Sumado a esto, Casanello solicitó a la cartera de Seguridad que informe si desde la puesta en vigencia del protocolo antipiquete “se recibieron denuncias en orden a excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en cumplimiento de tales lineamientos, haciendo saber qué medidas llevó a cabo en consecuencia”.

acta Poder Judicial

En el mismo contexto, el Ministerio "deberá hacer saber si se dedujeron otros planteos judiciales -habeas corpus, amparos u otros- contra la resolución de los que tenga conocimiento y, en su caso, qué trámite se les dio, en qué estado se encuentran y si desde la órbita de ese Ministerio se dispuso algún acto administrativo consecuente".

El juez invocó "las observaciones efectuadas y la información requerida por el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, de la ONU". "Deberá informar si ha dado respuesta a los interrogantes allí formulados y si se ha aceptado la asistencia técnica allí ofrecida", resumió.

 

La reacción de los dirigentes que impulsaron la acción de "inconstitucionalidad"

La decisión de Casanello significa el primer expediente en el que el Poder Judicial evalúa la validez legal del protocolo y sus contornos en el respeto de normas de rango constitucional. Al respecto, el magistrado le dio el carácter de habeas corpus a una acción presentada el 18 de diciembre pasado por Celeste Fierro, diputada porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en el Frente de Izquierda Unidad, quien aseguró que la iniciativa que prohíbe que sean cortadas calles y rutas durante protestas “amenaza derechos políticos”.

Tras deambular 50 días por ocho juzgados y una cámara, de los fueros electoral, contencioso y penal, por fin un juez acepta nuestra causa contra el protocolo represivo, que iniciamos el 18 de diciembre como ‘acción declarativa de inconstitucionalidad’”, manifestó Fierro en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

Al respecto, consideró la medida judicial como “un primer paso positivo”, ante lo que pidió que “cuanto antes” Casanello “suspenda el protocolo y lo declare inconstitucional”. "Por nuestra parte, lo vamos a seguir enfrentando en las calles", concluyó.

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El dirigente del MST Alejandro Bodart tildó al protocolo como “una muestra más del régimen político totalitario que pretende imponer el gobierno de Javier Milei”, a la par que indicó que forma parte de “un estado de sitio de hecho”. "Con total hipocresía repite el latiguillo ‘viva la libertad, carajo’ pero intenta avasallar todos los derechos sociales y democráticos vigentes en nuestro país", sentenció.

Y agregó: "Es una ofensiva gravísima, un estado de sitio de hecho que ilegaliza el derecho a la protesta social, le da vía libre a la represión policial y que ningún sector que se considere democrático debería dejar pasar".

Sumado a esto, el dirigente de la izquierda aseguró que convocarán "a la más amplia unidad para frenar el protocolo, junto a la ley ómnibus y el DNU que están en danza en el Congreso". Es por eso que insisten en un llamado a un nuevo paro general: "No es tiempo de siestas, sino de unir fuerzas para pararle la mano a esta avanzada de ajuste y represión".

ds