Bullrich compró el "cárcel o bala" de Espert: le da más libertad a la Policía para disparar con armas de fuego

Mano dura, a fondo. Esa parece ser la política que Patricia Bullrich busca consolidar en su segunda gestión como ministra de Seguridad, esta vez en el gobierno de Javier Milei. Ya reflotó el protocolo antipiquetes para reprimir la protesta social, algo que está en la mira de la Justicia, y este jueves a la tarde anunciará públicamente la vuelta del Protocolo de uso de armas de fuego para Fuerzas Federales, que en los hechos podría ser tomado como el regreso de la "doctrina Chocobar".

La ministra volverá a poner en marcha esta tarde la Resolución 956/2018, publicada en el Boletín Oficial el 3 de diciembre del 2018, cuando gobernaba Mauricio Macri. Se trata de una serie de lineamientos enfocados en darle luz verde a los integrantes de las fuerzas de seguridad para disparar con arma de fuego ante situaciones de potencial peligro de lesión grave o muerte para su vida o la de terceras personas. 

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Ese protocolo había sido puesto en marcha tiempo después de que ocurriera el llamado "Caso Chocobar", ocurrido en diciembre del 2017 cuando el policía Luis Chocobar le disparó siete veces a un hombre que venía de apuñalar y robarle una cámara de fotos a un turista en La Boca, que ya había sido reducido. Por ese accionar, la Justicia condenó al policía en 2021 a dos años de prisión tras encontrarlo responsable del delito de homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber.

En la resolución publicada en 2018 y reimpulsada ahora por Bullrich se establece que los policías solo podrán usar las armas en cumplimiento de sus deberes cuando sea estrictamente necesario debido a que las otras vías no violentas sean ineficaces. En su articulado establece un marco general de las situaciones en las que se permitirá. 

Las posibilidades tienen como eje la defensa propia o de terceras personas ante un peligro inminente de muerte o lesiones graves. Contemplan desde el impedimento de la comisión de un delito grave que presente peligro para la vida o la integridad física, a detener a quien lo represente y/o impedir su fuga; hasta cuando actúe amenazado de muerte o lesiones graves, cuando el delincuente tenga un arma "aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal", se presuma que pueda tenerla o cuando la impresibilidad del ataque impida el cumplimiento del deber o la capacidad para defenderse a sí mismo o a terceros. 

Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron a PERFIL que se mantendrá la esencia de ese texto, aunque podría haber "algún detalle" nuevo del que no dieron precisiones. En palabras de la ministra, lo que se busca es dotar de mayor protección a efectivos que, según afirma, hoy no tienen las herramientas suficientes para hacerlo.  

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En la gacetilla de prensa en la que anunciaron la vuelta del protocolo, desde Seguridad señalaron que había sido derogado durante el gobierno de Alberto Fernández por la entonces ministra que ocupó esa cartera, Sabina Frederic. Consultada por PERFIL, la exfuncionaria advirtió que la vuelta de ese protocolo es "la vuelta de la doctrina Chocobar y probablemente recargada".

Desde su punto de vista, se trata de una medida "para el show y la tribuna" que no va a tener efectos concretos en la reducción del delito y que, peor aún, "va a hacer que sean más violentos". Eso debido a que "los que salgan a cometer delitos van a salir armados sabiendo que como la policía puede disparar será un 'matar o morir'", algo que generará "un clima de violencia del cual no se va a ser responsable porque no tiene escrúpulos". A su vez, la exministra consideró que la vuelta de ese protocolo pondrá a los efectivos de seguridad en un conflicto con el Código Penal. 

"Hay policías que tienen muy en claro el Código Penal y saben que la resolución que los habilita a disparar no los va a respaldar. Entonces lo que se va a generar es una mayor vulnerabilidad del policía, que tiene una resolución de la conducción política que dice que debería utilizar arma de fuego cuando el Código no lo respalda. Es decir, la resolución no es una ley, tiene un rango menor. Y en una situación de riesgo, de adrenalina, genera un estado de confusión al policía que es peligrosísima para sí mismo y para nosotros", advirtió.

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En la vereda del frente, el abogado Juan Pablo Fioribello, ex director general del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, aseguró que es falso que el protocolo provoque delitos más violentos. "La delincuencia retrocede ante una fuerza de seguridad formada, equipada y armada. Siempre el Estado debe tener mayor poder de fuego que la delincuencia misma. La delincuencia debe tener miedo y respeto a una policía armada y equipada, y que la policía no tenga el más mínimo temor en actuar y hacer cumplir la ley", manifestó.

En paralelo, consultado por PERFIL, sostuvo que así como hay que "darle mayor poder de fuego al personal policial", también se les debe exigir en todo momento "que lleven adelante la tarea con profesionalismo, que cuando haya detenciones las pongan a disposición de la Justicia". Según él, hay consciencia dentro de las fuerzas de los límites constitucionales para ejercer la represión de los delitos. "En las policías del mundo que funcionan bien, el poder político respalda a la policía que actúa y se juega la vida. Las políticas de garantismo siempre fracasaron y nos llevaron a la crisis de seguridad más grande de la historia", afirmó. 

La Justicia, atenta

El nuevo protocolo en discusión ya estuvo bajo la mira de la Justicia en 2018, cuando el juez porteño Roberto Gallardo dictó una medida cautelar que prohibió su implementación en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Fue tras considerarla "inaplicable" e "inconstitucional", y expresar en una resolución que "pareciera que en la ocurrencia para prevenir y luchar contra el delito se circunscribe una simple cuestión: quién dispara primero, el policía o el delincuente". 

El escenario de mano dura se empezó a preparar con la reposición del protocolo antipiquetes, que en dos meses de gobierno ya se aplicó en reiteradas ocasiones. 

Las últimas y más violentas fueron durante las concentraciones que hubo en los alrededores del Congreso mientras se trataba la ley ómnibus, donde efectivos de las cuatro fuerzas accionaron con de forma desproporcionada a tal punto que detuvieron a cuatro mujeres que protestaban pacíficamente sentadas en una vereda; golpearon a jubilados y dispararon con balas de goma incluso a periodistas. Una de esas balas impactó en el ojo de Matías Aufieri, un reconocido abogado vinculado a casos de violencia policial y derechos humanos que estuvo varios días internado e intenta por medio de un tratamiento médico no perder su visión. 

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Frente a ese panorama y un planteo de la legisladora porteña del MST - Frente de Izquierda, Celeste Fierro, el juez federal Sebastián Casanello emitió una resolución en la que le ordenó a Bullrich que "adecúe la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho" y que las instruya a que consulten de manera inmediata a las autoridades judiciales en el marco de su actividad preventora. 

Fue luego de citar los Mandatos de relatores de Naciones Unidas que "advierten sobre el peligro de que el Protocolo -en los términos en los que fue escrito- habilite el accionar de las fuerzas de seguridad por fuera de los estándares de protección, internacionalmente reconocidos, con el consecuente sacrificio de derechos fundamentales".

Antes, la directora de Asuntos Judiciales del Ministerio había respondido un pedido de informes que había hecho el juez donde defendieron el protocolo, entre otros puntos, al sostener que "no resulta contrario a la legislación vigente" y que los derechos de libertad de expresión, participación política y de protesta alegados por Fierro "no son absolutos, por lo que son susceptibles de ser limitados y generar responsabilidad civil y penal".

El miércoles que viene ambas partes participarán de una audiencia en Comodoro Py. 

AS/fl