El pico de presión que alegó la jueza María Martínez Córdoba para abandonar el Tribunal sumergió el proceso por supuesto mal desempeño contra el fiscal José María Campagnoli en un debate que amenaza con dejar todo el proceso en foja cero. A Campagnoli se lo acusa de haber tomado la denuncia contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez cuando el caso se estaba investigando en otro tribunal. En medio de fuertes presiones, Martínez Córdoba pidió licencia. El Tribunal debería reemplazar a Córdoba con su suplente, Leonardo Miño, defensor federal de San Martín. Sin embargo, la defensa de Campagnoli, a cargo de los abogados Ricardo Gil Lavedra e Ignacio Irigaray, podrían objetar el cambio al alegar que “afectaría el derecho de defensa de su defendido ya que Miño no participó de las audiencias”. Por otro lado, la acusación a cargo de los fiscales Marcelo García Bero y Adolfo Villate analizaría recusar a Miño por integrar la comisión directiva de la Asociación de Magistrados, la agrupación de jueces que cuestionó el juicio contra Campagnoli. Sus colaboradores también alegan que Villate recibió “serias amenazas” por sus acusaciones contra Campagnoli. Con o sin cambio de jurado, el jury debe estar terminado antes de fines de octubre, tiempo límite para los 180 días de suspensión del fiscal. Caso contrario, la acusación contra Campagnoli caduca y podría volver a su fiscalía. Al explicar los motivos de la ausencia de la jueza aparecen dos versiones. Una la adjudica a un enfrentamiento interno entre dos figuras de la agrupación Justicia Legítima: la procuradora Alejandra Gils Carbó y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez. Otros creen que la jueza se fue tras las presiones de los medios que respaldan a Campagnoli. Su voto era decisivo
