La diputada nacional Elisa Carrió informó hoy que recursará al juez federal Norberto Oyarbide, luego de que recayó en su juzgado la denuncia que presentó contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios funcionarios del Gobierno por un presunto “encubrimiento” vinculado a la muerte del fiscal federal Alberto Nisman.
"Vaya casualidad, la causa cayó en el juzgado de Oyarbide, empleado directo de la Policía Federal y del criminal, Aníbal Fernández", expresó en un comunicado la legisladora según informa DyN, quien además aseguró que aportará a la justicia "pruebas de otros funcionarios ligados al terrorismo iraní".
Carrió había presentado el viernes una denuncia por varios delitos que consideró vinculados a la muerte del fiscal contra la Presidenta; el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández; la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó y el jefe del Ejército, César Milani.
“Oyarbide es el juez más corrupto del Poder Judicial, al que el Senado protegió cuando lo acusé por coimas", advirtió la diputada tras enterarse los y consideró que "esto muestra de qué manera se maneja el sorteo en la Cámara Federal". Carrió agregó incluso que "cada vez que acuso a Aníbal Fernández, la causa cae en el juzgado de Oyarbide, el que usaba el auto de la Jefatura de Gabinete".
Por otra parte, la legisladora calificó al ex agente de inteligencia Antonio “Jaime” Stiusso “de lo más oscuro de la SIDE” y manifestó que “tiene la oportunidad de confesar sus crímenes y los cometidos durante todos los gobiernos" cuando declare por la muerte de Nisman.
"Me voy a presentar ante el juez más corrupto de la Nación y lo voy a recusar por inmoral; por empleado de los negocios oscuros del poder, de la impunidad y de la prostitución en la Ciudad de Buenos Aires. Y voy a aportar pruebas de otros funcionarios ligados al terrorismo iraní", anunció Carrió.
La legisladora denunció que la presidenta, Fernández, Gils Carbó y Milani habrían incurrido en delitos de "encubrimiento del crimen del fiscal; inteligencia ilegal; atentado a la autoridad por estorbo al acto funcional; abuso de autoridad; omisión de denuncia e intromisiones graves en el desempeño del Poder Judicial".
Además, los acusó por "violación del principio constitucional de la división de poderes, por presionar de manera mafiosa a los fiscales e incluso habiendo podido realizar operativos de inteligencia que pueden haber sido responsables del asesinato de Nisman, y asociación ilícita para la comisión de estos delitos".
