La Sala IV de la Cámara de Casación Federal decidió este viernes al mediodía que las causas por espionaje ilegal que tramitaron hasta ahora en Lomas de Zamora, pasen a la justicia federal de Comodoro Py. El máximo tribunal penal del país también validó todo lo actuado hasta ahora en los dos expedientes que corren en paralelo y en los que se investiga el espionaje al domicilio privado de Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria, por un lado, y a dirigentes opositores y oficialistas, por otro. La investigación tiene bajo la lupa la gestión en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo, encabezada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes están procesados en el caso, entre otras personas. Tras la decisión de Casación el expediente será instruido por la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Stornelli.
La decisión de la Sala, presidida por Mariano Borinsky e integrada por los camaristas Javier Carbajo y Angela Ledesma, quién votó en disidencia, resolvió la situación en el marco del conflicto de competencia que se da desde el año pasado entre los Tribunales de Lomas de Zamora y los de Buenos Aires por la competencia de la causa de espionaje ilegal, tras un planteo del secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, quien fue indagado en el caso.
El máximo tribunal penal del país también validó todo lo actuado hasta ahora en los dos expedientes que corren en paralelo
La investigación, que comenzó en Lomas de Zamora, abarca las dos causas que corren por paralelo. Mientras una investiga espionaje político a políticos afines y opositores, entre los cuáles había detenidos en cárceles federales por causas de corrupción a quienes le escuchaban las conversaciones desde la cárcel y en la segunda las vigilancias a Cristina Kirchner en el Instituto Patria y en su domicilio, en agosto de 2018.
Hasta ahora el caso era investigado por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Ehyerabide. En tanto que, a partir de ahora lo será por Capuchetti y Stornelli.
Tanto el juez Augé como los jueces de la Cámara Federal Porteña, que plantearon ante Casación el conflicto, coincidieron en que la causa no se puede dividir y que debe realizarse una investigación conjunta.
El caso era investigado por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Ehyerabide. En tanto que, a partir de ahora lo será por Capuchetti y Stornelli.
Por un lado, Augé aseguraba que debía ser él quien continuara con la investigación por lo avanzado del proceso, mientras que los miembros de la Cámara de Apelaciones sostenían que los hechos habían tenido como epicentro la ciudad de Buenos Aires y que por eso debían investigarse en los tribunales de Retiro.
Entre otros elementos se valoraba para eso que, en efecto, es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde la AFI, tiene su sede y centro de operaciones y también los domicilios supuestamente espiados como el particular de la Vicepresidenta, en el barrio de Recoleta, o la sede del Instituto Patria, en la zona de Congreso.
Los camaristas Borinsky y Carbajo explicaron que las causas debía continuar tramitando de modo conjunto ya que su escisión podría implicar un perjuicio para la investigación y una afectación al derecho de defensa en juicio, ya que los abogados deberían defenderse ante dos jueces distinos que podría tomar decisiones distintas e incurrir en sentencias contradictorias.
Los camaristas Borinsky y Carbajo explicaron que las causas debía continuar tramitando de modo conjunto ya que su escisión podría implicar un perjuicio para la investigación y una afectación al derecho de defensa en juicio
En tanto que respecto de quiénes el juez que debe llevar a cabo la investigación de manera conjunta recordaron que, de acuerdo a la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal de la Nación, la competencia criminal en razón del territorio se establece atendiendo al lugar donde se ha llevado a cabo el delito. En ese sentido, a quién primero le llegó el caso en Comodoro Py fue la jueza Capuchetti y será ella entonces quién se haga cargo del caso.
Para Borinsky y Carbajo, de la descripción de la plataforma fáctica del caso se desprende que su núcleo se habría cometido en la ciudad de Buenos Aires, sede de la AFI y de los domicilios supuestamente espiados, mientras que algunas de sus ramificaciones habrían sucedido en el conurbano bonaerense.
Por ese motivo entendieron que de acuerdo al principio según el cual lo accesorio debe seguir a lo principal debe estarse a la la jurisdicción territorial de la Ciudad de Buenos Aires, lugar en el cual supuestamente se habría cometido el núcleo del espionaje ilegal investigado.
También resaltaron que el cambio de competencia no implica invalidar lo ya actuado ni retrotraer la causa a etapas ya superadas y convalidaron los allanamientos que la justicia de Lomas de Zamora efectuó sobre el domicilio de Nieto.
