Sebastián Casanello rechazó hoy un pedido para indagar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta asociación ilícita en la causa conocida como la "ruta del dinero K".
El juez federal negó así un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), que había pedido la indagatoria de la exjefa de Estado; del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; del exsecretario de Obras Públicas, José López (detenido por enriquecimiento ilícito); y del excoordinador de la Obra Pública, Carlos Santiago Kirchner, primo de Néstor Kirchner, entre otros. El organismo planteó que allí funcionó una asociación ilícita destinada a cometer una "pluralidad de delitos", entre ellos el lavado de activos.
El magistrado consideró que no habría varias asociaciones ilícitas, sino una sola, y rechazó el pedido en pos de evitar un doble juzgamiento de los acusados. Así lo entendió también el propio juez Claudio Bonadio al procesar a Cristina como jefa de una banda, y remitirle el caso a su colega Julián Ercolini, que la había procesado por la obra pública.
La UIF formuló el pedido en el marco de las indagatorias que se dispusieron sobre Báez, sus hijos y otros involucrados, en función de lo que había ordenado la Sala II de la Cámara Federal para orientar la causa a la vinculación entre la "ruta del dinero" y la concesión de obra pública durante el kirchnerismo, informaron fuentes judiciales a la agencia DyN.
Casanello rechazó el planteo de la UIF "porque la pretensión busca reeditar en la presente causa los hechos que son objeto de investigación en otro juzgado y sobre los cuales su titular ya se ha expedido, no sólo en torno a la procedencia del acto de defensa, sino también a la verosimilitud de la acusación al dictar el auto de procesamiento".
"El riesgo de vulnerar la prohibición de doble juzgamiento con tal proceder es palmario, en tanto el pedido supone clonar un hecho e invadir la competencia actualmente ejercida por otro magistrado", agregó en su resolución.
El juez sostuvo además que el delito de "asociación ilícita" implica una banda que "se encuentra destinada a cometer delitos indeterminados, con lo cual mal puede pretenderse que existan dos asociaciones distintas pero integradas por las mismas personas en un mismo periodo temporal" y "es claro que en este caso estamos hablando de una misma asociación".
Y afirmó que tampoco puede aceptarse el pedido de la UIF porque ni el dictamen de Marijuan, al que aludía la UIF, "contiene solicitudes de indagatorias ni describe siquiera aquéllas conductas ni coincide en el listado de imputados".
El 10 de marzo pasado la Cámara Federal frenó el envío a juicio oral y público del detenido empresario Báez y de otros acusados en la causa por lavado de dinero, al señalar que antes de dar ese paso se debe ampliar la imputación sobre las obras públicas que su grupo económico recibió durante el kirchnerismo.
Los jueces de la Sala II de la Cámara, Eduardo Farah y Martín Irurzun, hicieron lugar a un planteo de la UIF para que no se eleve a juicio parte de la investigación en la que Báez está preso desde abril de 2016 en la cárcel de Ezeiza.
A criterio de los camaristas, era "inconveniente" y "hasta riesgoso" que Báez fuera enviado a juicio oral porque en el expediente se debe especificar qué parte de la hipótesis de ese lavado provino de las obras públicas que recibió.
Por la concesión de obra pública, el juez Julián Ercolini procesó como jefa de asociación ilícita a la ex presidenta Fernández e incluyó en esa nómina a De Vido, López y Santiago Kirchner, entre otros.
Recientemente el juez Claudio Bonadio también procesó a la ex mandataria y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner como jefes y organizadores de una banda, que también integraron Lázaro Báez, sus hijos y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, en la causa llamada "Los Sauces". Es que en los tribunales se entiende que el caso todo fue parte de una misma maniobra: en una causa la concesión de la obra pública, en otra el lavado de dinero por los fondos recibidos (ruta del dinero) y un tercero que analiza el retorno de esos beneficios ("Los Sauces").
Como se presupone que todo se unificará en un mismo debate oral -aunque aún debe pronunciarse la Cámara Federal en la revisión de dos procesamientos de "Los Sauces" y obra pública-, la UIF entendió que había que reforzar las sospechas sobre la ex presidenta en el caso del lavado de dinero donde fue imputada por el fiscal Guillermo Marijuan pero nunca llamada a indagatoria.
