Tras la polémica medida dictada el jueves 28 por la jueza de feria Marta Aucar -a través de la cual concedió la cautelar solicitada por activistas en contra del aborto legal para suspender en la provincia la aplicación de la la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo (IVE)-, ayer distintos juristas, diputados y hasta el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, la calificaron de “inconstitucional” y hasta “mamarracho jurídico”.
Además, la jueza fue denunciada penalmente. La presentación se realizó en Resistencia, ante la fiscalía de turno, ante la cual Teresa Bosio, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) reclamó que se habilite la feria porque la cautelar concedida en Chaco reviste “gravedad institucional”, detalló una de las abogadas involucradas en la redacción de la denuncia. Por el tipo penal, a Aucar le podría caber una sentencia que implique, además de multa, la inhabilitación para ejercer su cargo.
El pedido de la medida a la que Aucar dio lugar fue presentada por seis personas -cinco de las cuales son mujeres- activistas anti derechos de reconocida trayectoria en la provincia. En su resolución, la jueza no indicó qué legitimidad les reconoció para accionar en los términos de la “ley de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en concordancia con los alcances dados por la Ley 23.849 (es decir, la Convención de los Derechos del Niño), en cuanto, esta última, declara que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los dieciocho años de edad”, detalla el escrito.
Según la presentación, la Constitución de Chaco se opone a la ley 27.610, dado que dispone “el deber de garantizar a todas las personas el goce de los siguientes derechos: ‘A la vida y a la libertad, desde la concepción(…)’”
Reacciones. “La medida cautelar dictada por la jueza es totalmente improcedente. La ley (de IVE) es de contenido federal y como tal, los únicos jueces competentes son los jueces federales, no los provinciales. Las personas que se oponen a esta ley tienen el derecho de ir a la Justicia pero se tiene que hacer respetando el funcionamiento del Estado Federal, no con jueces que no tienen ninguna competencia”, declaró ayer el abogado y constitucionalista Andrés Gil Domínguez .
“La jueza suspende la vigencia solo para la provincia del Chaco basado en el derecho local como si nuestro modelo fuera una Confederación con derecho de secesión y no un Estado federal con competencias definidas”, dijo, y cerró: “Que aquellos que cuestionan la validez de ley 27.610 acudan a la justicia federal y lleguen a la CSJN es un derecho que titularizan y aporta al debate público. Esto es prevaricato. Esto es un mamarracho jurídico”.
En un comunicado oficial, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros provincial advirtió que el jueves el gobierno provincial “no había sido notificado formalmente” de la decisión de la jueza Aucar. Y el gobernador Jorge Capitanich, reafirmó que en la provincia se cumplirá con la norma que habilita la IVE: “La ley se tiene que aplicar”, declaró.
La resolución fue recibida por el gobierno provincial recién ayer al mediodía, pero ya había circulado en redes sociales. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, escribió en su cuenta de Twitter un mensaje para Aucar: “Jueza del CHACO hace cautelar para impedirle derechos y salud a las chaqueñas .Es increíble. ¡Se usa la justicia para no cumplir la ley!”, dijo, y recibió más de 2.100 respuestas, la mayoría de militantes ‘celestes’ que, con insultos, criticaron desde su gestión hasta su postura “anti vida”.
Tras que el Congreso Nacional sancionara la ley, el 30 de diciembre pasado, ya se había registrado un intento de freno judicial en la provincia de Salta, que no prosperó. El anterior pedido, insertado en un pedido judicial originalmente presentando en contra del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, se radicó en Salta, a instancias de la ex senadora nacional y actual diputada provincial Cristina Fiore, pero fue desestimado.
