La causa que investiga la compra de una lujosa mansión en Pilar, vinculada a un presunto esquema de lavado de activos alrededor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tiene desde ayer juez definido: Adrián González Charvay, titular del juzgado federal de Campana, quedará a cargo del expediente tras un largo peregrinaje entre distintos tribunales.
La definición implica que la causa vuelve a Campana y sale del fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, donde había quedado radicada luego de la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal. El recorrido judicial del expediente pasó, además, por el juzgado federal de Daniel Rafecas y generó un conflicto de competencia entre la Justicia porteña y la de Campana que recién ahora encuentra resolución.
La propiedad en cuestión, ubicada en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, tiene una superficie de 105.000 metros cuadrados e incluye una mansión, un haras, un helipuerto y un galpón donde se secuestraron 54 vehículos de alta gama y de colección. El conjunto de bienes está valuado en unos 21 millones de dólares, entre el inmueble y la flota de autos.
La finca figura a nombre de Real Central SRL, una sociedad integrada por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, a quienes la investigación señala como presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Entre los elementos que alimentan esa sospecha se cuenta el hallazgo de una tarjeta de crédito corporativa de la entidad a nombre de Pantano, utilizada para afrontar gastos de la colección de vehículos.
El caso se originó el 1° de diciembre de 2025 a partir de una denuncia presentada por referentes de la Coalición Cívica, entre ellos Elisa Carrió, que apuntó a un posible esquema de lavado que incluiría, bienes de lujo.
González Charvay no es un nombre nuevo en el universo de causas vinculadas al fútbol argentino: ya intervino en otros expedientes relacionados con la AFA y protagonizó disputas de competencia con juzgados porteños por la concentración de causas ligadas a la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. Esa trayectoria es la que ahora genera cuestionamientos sobre su cercanía con el organismo que deberá investigar.
El expediente de la mansión se enmarca en un conflicto judicial más amplio que también salpica a Tapia y a Toviggino por otras causas.
Las últimas novedades del caso incluyen el rechazo de la Justicia al pedido de los abogados de Pantano y Conte, que habían solicitado el traslado del expediente a Campana argumentando que la competencia territorial debía definirse por la ubicación del inmueble. El fiscal Mario Villar se opuso a ese planteo y pidió que la causa permaneciera en el fuero porteño, postura que finalmente no prosperó.
