Una de las grandes preocupaciones de María Eugenia Vidal cuando analiza desde la inseguridad hasta la corrupción es el sistema judicial que imperó en la provincia de Buenos Aires durante décadas. En ese contexto, desde mediados de 2016 inició el proceso de “limpieza judicial” de jueces y fiscales. Hasta ahora ya salieron eyectados de su cargo 33 funcionarios judiciales, por distintos motivos, desde armar causas en sus fiscalías a juzgados vinculadas al cobro de coimas y vínculos con el narcotráfico.
El caso que puso el tema sobre la mesa fue el del magistrado platense César Melazo, quien tiene prisión preventiva acusado de liderar una asociación ilícita con policías, barra bravas y ladrones que se dedicaba a robar casas y realizar estafas con autos falsificados.
Quien se puso al hombro la estratégica tarea de saneamiento es el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, en coordinación con el Procurador bonaerense, Julio Conte Grand. “Ahora todos ya saben las reglas de juego”, suele repetir Ferrari cuando habla de los casos emblemáticos.
La “limpieza judicial” que anima la gobernadora sumará en las próximas horas una nueva figura: el juez de Casación Martín Ordoqui, a quien ya se le inició el proceso de jury. Aunque aún no está suspendido ni apartado, el Gobierno anima su desplazamiento. Algo similar ocurre con el juez de Casación Víctor Violini, quien le bajó las penas a quienes balearon a Carolina Píparo, y tiene una asidua relación con La Cámpora. Tarde o temprano terminará afuera, creen en el oficialismo.
De los 33 jueces y fiscales, hay 22 que decidieron presentar su renuncia ante una inminente destitución; tres fueron efectivamente destituidos, uno tiene apartamiento preventivo y siete de ellos están suspendidos.
Entre los casos emblemáticos se encuentran:
◆ La jueza de Familia, Alejandra Velázquez, de Pilar: destituida. Fue cuestionada por graves irregularidades en múltiples procesos a su cargo. El más grave: haber cobrado dinero en juicios de adopción de niños.
◆ El fiscal de Cámara, Julio Novo, de San Isidro: renunció ante el avance del jury. Era investigado ante la Justicia Federal por encubrimiento a organizaciones vinculadas al narcotrafico. Tenía un aceitado vínculo con el Frente Renovador de Sergio Massa.
◆ El fiscal de Cámara adjunto Eduardo Vaiani, también de San Isidro: renunció antes del jury. Cuestionado por maniobras de corrupción en la tramitación de investigaciones penales.
◆ El fiscal Fernando Cartasegna, de La Plata: se alejó ante la presentación de jury. Vinculado a múltiples irregularidades en la tramitación de investigaciones penales a su cargo y acusado de armar causas.
◆ El juez de Ejecución Penal Luis Nitti, de Dolores, quien renunció acusado de haber agredido a un policía en Mar del Plata que lo detuvo por estar manejando alcoholizado.
◆ El magistrado en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias, destituido tras haber incurrido en “un sistemático apartamiento de la ley en múltiples de sus resoluciones”, se planteó en la resolución. “Se constató entre otras infracciones el haberse extralimitado en sus competencias, haber desconocido resoluciones de otros jueces competentes, y haber manipulado el sistema de asignación de causas”, estableció el jury que lo obligó a dejar su cargo.
◆ La jueza Civil y Comercial Gladys Vitale, de Morón. Se constató que informaba oficialmente estar presente trabajando en su despacho cuando estaba de vacaciones en el exterior, y que obligaba a trabajar en su casa como empleada doméstica a la ordenanza del juzgado.
◆ Alejandro Jons, fiscal en Morón, suspendido por el jurado de Enjuiciamiento. Acusado haber cobrado dinero del imputado y su defensor en una investigación a su cargo por una salidera bancaria.
◆ Rubén Rivero, fiscal de Olavarría, fue suspendido acusado de haber abusado sexualmente de una menor de edad que trabajaba en su casa como empleada doméstica.
◆ María del Carmen Falbo, la ex Procuradora que se jubiló a fines de 2016.
