Alineados con la doctrina papal, un grupo de jueces y fiscales panamericanos difundió un documento con diez propuestas y reflexiones en relación a la pandemia. El texto denuncia las desigualdades que multiplica el Convi-19; rechaza la falsa antinomia entre salud y economía; reprocha el rumbo elegido por algunos gobiernos, como los de Jair Bolsonaro y Donald Trump; y hasta señala la existencia del Lawfare. El llamado Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana está presidido por el porteño Andrés Gallardo.
“Al igual que con la economía neoliberal, se ha conformado un orden jurídico cuya misión ha sido consolidar el poder de un puñado de corporaciones y una decena de individuos en el planeta”, afirmaron los magistrados en su comunicado.
De entrada, los jueces le dan una interpretación socio-económica a la pandemia: “La armonía planetaria está amenazada y el ecosistema responde con los recursos de que dispone. Concebir a la pandemia como una mera expansión de enfermedades, sin indagar en su causalidad última y sistémica, constituye un grave error que no nos podemos permitir. La Naturaleza está hablando y debemos saber escucharla”.
Después rechazan la “supuesta dicotomía entre salud y economía”, tildándola de "falacia". En referencia a los gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra y Brasil, opinan que esos “Estados tuvieron y tienen hoy a diario miles de muertes evitables en su haber y por cierto no han podido sostener el nivel de actividad económica ni frenar la caída de su PBI”.
Los jueces panamericanos a su vez citan la Encíclica Laudato Si del papa Francisco. “Es la hora de una revolución eco-social. Nada se puede construir sobre los restos humeantes del capitalismo salvaje”, expresan en su comunicado publicado en el sitio iJudicial.
En base a un diagnóstico crudo y pesimista, promueven “la muerte del derecho neoliberal”. Justifican su postura al plantear que “la crisis del sistema de dominación y su agotamiento marcan lo propio para el campo jurídico y evidencian la urgente necesidad de refundar las bases de la normatividad, acompañando un proceso de ascenso y protagonismo de los sectores descartados y empobrecidos”.
Con lenguaje bergogliano explícito, los jueces liderados por Andrés Gallardo afirman que “la construcción de un proyecto democrático y libertario hace imprescindible la inclusión de los sectores descartados”.
Sobre el final expresan que "la actual concentración de la riqueza es injusta, insostenible e inadmisible". A su vez proclaman la necesidad de revisar el sistema político y denuncian la existencia del Lawfare. Se trata de un concepto citado permanentemente por Cristina Kirchner, para señalar una supuesta campaña mediático-judicial en contra de algunos líderes políticos, como ella y Lula da Silva, entre otros.
“La democracia representativa ha colapsado frente al progresivo y evidente avance del orden informativo que redacta las agendas políticas y diseña con su cotidiana erosión sobre la opinión pública, los límites del propio sistema. El Lawfare y otras formas de intervención externa enmarcadas en los conflictos de cuarta generación, minan todo intento por sostener la soberanía de los pueblos y la legitimidad democrática”, detallan.
Tras pedir un cambio radical, proponen la “neutralización de las doctrinas del odio, que hoy se ciernen sobre las mujeres, las personas afrodescendientes, indígenas, grupos religiosos y tantos otros”.
Admirador de Salvador Allende y el Padre Mugica, el juez Gallardo mantiene conversaciones con Jorge Bergoglio desde 2004. Hasta el 2019 viajaba dos o tres veces por año al Vaticano. Y se cruza mails con Francisco (que a veces son cartas escaneadas en un mail). En junio de 2018, concretó una idea que amansaban entre ambos: hacer un encuentro de jueces y organizaciones sociales. En la facultad de Derecho de la UBA se mezclaron Juan Grabois con Weinberg de Roca, Gustavo Vera con Balbín y el arzobispo Marcelo Sánchez Sorondo. En junio pasado, la iniciativa creció hasta convertirse en una reunión de jueces panamericanos en la Pontificia Academia de las Ciencias, dentro del Vaticano. Ahí, Gallardo fue electo presidente del comité.
Este miércoles 8 de julio, Gallardo firmó otro fallo incómodo para el gobierno porteño. Le ordenó al larretismo que controle la temperatura de una vivienda que había sido otorgada, por medio de una cautelar, a una familia sin recursos. El chequeo se realizará durante el presente fin de semana largo. En una dura resolución contra la administración de Horacio Rodríguez Larreta, Gallardo instó al Estado a que verifique la temperatura de esa casa sin calefacción.
La vivienda está habitada por una familia pobre: una mujer que padece HIV con dos hijos, uno autista y otro asmático. El juez Gallardo se convirtió en una eterna piedra en el zapato de las administraciones porteñas en los últimos años: desde la de Aníbal Ibarra hasta la de Larreta, pasando por la de Mauricio Macri.
El comunicado del grupo liderado por Gallardo se suma a otro reciente y de tono parecido. El primero fue difundido días atrás por otro colectivo de jueces francisquistas: el llamado “Capítulo Argentino de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana”. Es decir, la fracción de jueces, camaristas y fiscales argentinos alineada con la doctrina social del Papa.
“Resulta imprescindible atender de manera inmediata la situación de los grupos vulnerados o pobres”, afirmaron los magistrados en su último texto. Su actual presidente es el camarista porteño Carlos Balbín.
