La cautelar presentada por las diputadas de izquierda Myriam Bregman y Alejandrina Barry para frenar los aumentos en las tarifas de los parquímetros porteños encontró eco en el Juzgado 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, donde el juez Roberto Gallardo hizo lugar a la medida y frenó la audiencia pública convocada para este viernes 7 de febrero de 2020, un trámite imprescindible para la promulgación de dichos aumentos.
El juez Gallardo tiene en su haber numerosos fallos contra la administración macrista y en el caso de la causa "Bregman, Myriam Teresa y Otros contra GCBA sobre medida cautelar autónoma" consideró que estaban dadas las condiciones reclamadas por las legisladoras para suspender la audiencia, situación que obligará al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a apelar y perder algunos días o semanas en el camino al tarifazo.
En la fundamentación de su fallo, Gallardo consideró que los errores denunciados por Bregman y Barry en el llamado de la audiencia pública eran tales que "afectan insanablemente la validez de la validez de la convocatoria, dado que quienes como las actoras quisieron ejercer su derecho constitucional y legal de tomar vista de las actuaciones se vieron imposibilitados de hacerlo como consecuencia de la deficiente convocatoria".
"De esa manera, resulta clara la transgresión al derecho al acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna que consagra el artículo 46 de la Constitución local", enfatizó Gallardo, dejando sin efecto la audiencia pública de este viernes.
“Hace años que denunciamos el negociado de los parquímetros, y este año quieren aún más ganancias para las empresas que acarrean. Han extendido la capacidad de las grúas para el remolque a casi toda la Ciudad, otorgándole de forma gratuita las playas de acarreo a las empresas”, denunciaron Bregman y Barry, indicando que "por más que el gobierno de Rodríguez Larreta quiera promocionar el Metrobús, la Ciudad organizada por el PRO no garantiza un tránsito fluido ni estacionamientos seguros”.
"El macrismo de una necesidad hace un negocio", remarcaron las legisladores del frente que integran el Partido Socialista de los Trabajadores (PTS) y el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), denunciando "las ganancias astronómicas que tienen las empresas concesionarias de los acarreos de los automóviles en infracción: pagan 55 000 pesos por mes por la concesión, mientras se estima que tienen ganancias de 12,5 millones de pesos en el mismo período. Es realmente una estafa”.
Citado por iJudicial, el juez Gallardo precisó que "la Constitución de la CABA garantiza, en su artículo 11, el derecho a la ‘efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad'». A su vez, que «la ley 210 define como servicio público al control de estacionamiento por concesión (art. 2) y dispone que a los efectos de la modificación de las tarifas respectivas el Poder Ejecutivo debe convocar a audiencia pública obligatoria y no vinculante (art. 13). Asimismo la ley 6, que regula el instituto de las audiencias públicas, consagra el derecho a la participación en pie de igualdad, en el proceso de toma de decisiones que afectan el interés público (…), y que dicho organismo ‘debe publicitar la convocatoria a Audiencia Pública con una antelación no menor a veinte (20) días hábiles respecto de la fecha fijada para su realización'». Destacó también que «el art. 4 de la ley citada dispone que ‘el incumplimiento del procedimiento estipulado en la presente ley podrá ser causal de anulabilidad del acto por vía administrativa o judicial'.
Indicó además en el fallo que la Cámara del fuero sostuvo "al decretar la nulidad de una audiencia pública convocada y celebrada por el Gobierno local en los términos de la ley 6, que no hay audiencia sin convocatoria y no hay efectiva convocatoria si la información que se expresa a través de ella es insuficiente y, mucho menos, si es confusa o errada’ y que ‘es casi una obviedad señalar que el principio sobre el que se deben estructurar las audiencias es el de transparencia en la gestión de gobierno y, en función de ello, existe una calificada obligación de la autoridad pública en proveer información adecuada y oportuna, lo que implica, además, dar cumplimiento a su correcta difusión y publicidad'.
De allí su conclusión de que "se trata de un error esencial, que afecta insanablemente la validez de la convocatoria, dado que quienes como las actoras quisieron ejercer su derecho constitucional y legal de tomar vista de las actuaciones, se vieron imposibilitados de hacerlo como consecuencia de la deficiente convocatoria, lo que resulta una clara transgresión al derecho al acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna consagrado en el art. 46 de la Constitución local".
Frente de Todos. En la pulseada política que se da en la Capital Federal por el tema parquímetros también juega el kirchnerismo, y un proyecto del Frente de Todos apunta a dejar sin efecto la ampliación de la red de estacionamientos medidos que impulsa el Gobierno de la Ciudad. La iniciativa apunta a que la Ciudad se haga cargo de ese servicio y del acarreo por encontrarse, por encontrarse vencida la concesión. El proyecto fue firmado por los 17 legisladores porteños del Frente de Todos, que reclaman la derogación de la extensión de la red de parquímetros, frenando el plan de Larreta para instalar estacionamiento medido en 14 de las 15 comunas de la ciudad. El plan oficial consiste en elevar de 4.000 a 86.768 los medidores, de manera que el 41% de las calles de la Ciudad quedarían bajo el sistema estacionamiento medido, incluyendo barrios residenciales como Colegiales, Villa Crespo, Palermo y San Cristóbal.
El proyecto del Frente de Todos se apoya en que las concesiones de este servicio público se encuentran vencidas, y ya no está vigente ninguna prórroga, habiendo concluido el plazo para una nueva adjudicación. La licitación en curso está frenada desde 2018, momento en que ya se había prorrogado la primera apertura de sobres otras cuatro veces. Hoy el servicio de estacionamiento medido está a cargo de empresas que arrastran la concesión desde hace décadas. Este mes, el Gobierno aumentó la tarifa por acarreo sin pasar por audiencia pública, llevándola a $3.000, monto que deben pagar los usuarios además de la multa por la infracción y el monto por “estadía” en la playa.
Fuente: PTS-FIT/FDT
