El Gobierno dio este jueves un paso decisivo para destrabar una discusión legislativa de casi tres décadas. Las comisiones de Relaciones Exteriores e Industria del Senado emitieron dictamen favorable a la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, conocido como PCT, que ahora queda en condiciones de recibir la sanción definitiva en el recinto.
El despacho reunió 10 firmas en Relaciones Exteriores y 9 en Industria. El proyecto volvió a la Cámara alta después de que Diputados lo aprobara en agosto con reserva del Capítulo II, una modificación que obligó a revisar el texto que el Senado había votado en 1998.
El trámite excede la discusión técnica. La adhesión al PCT figura entre los compromisos asumidos por la administración de Javier Milei en el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos, conocido como ARTI por sus siglas en inglés, firmado el 5 de febrero con el gobierno de Donald Trump. Ese texto fijaba el 30 de abril como plazo para enviar el tratado al Congreso, una fecha que el Ejecutivo logró cumplir aunque su tratamiento demora meses.
Desde entonces, la presión de Estados Unidos se volvió un factor central del calendario legislativo. Semanas atrás, Jeff Goettmann, de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), estuvo en el país. Para cerca del 20 de octubre se espera al subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau (aunque la diplomacia norteamericana maneja con sigilo la confirmación de la fecha), y para noviembre, al vicepresidente J.D. Vance.
Guerra de números
Detrás del dictamen se libra una pulseada entre dos modelos. Los laboratorios extranjeros, agrupados en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), anunciaron posibles inversiones por 8.000 millones de dólares en investigación y desarrollo. El Presidente recibió a representantes de las empresas meses atrás en Casa Rosada.
No están solos. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) también empuja la adhesión, y en ese foro el embajador Peter Lamelas remarcó días atrás la importancia de que el país se sume al tratado. Lamelas proviene de la industria de la medicina.
Del otro lado, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), que nuclea a los fabricantes nacionales, defiende un modelo basado en la "producción" y la "generación de empleo". Sostiene además que el desarrollo de genéricos y biosimilares permite un ahorro de 2.400 millones de dólares anuales, y que el país podría ahorrar hasta 4.200 millones en los próximos cinco años.
CILFA ya había dado su visto bueno a la reserva del Capítulo II, el punto que habilita el examen preliminar por parte de oficinas extranjeras. Dicho punto habilitó el tratamiento del PCT en el Congreso tras casi 30 años.
Bullrich al frente
El impulso del tratado tiene en el área de Federico Sturzenegger, piezas claves como el Secretario de Desregulación, Alejandro Cacace. Sin embargo, la tarea de reunir las firmas no evitó roces dentro del oficialismo y quedó en manos de Patricia Bullrich.
Según pudo saber PERFIL, los estrategas libertarios de la Cámara alta decidieron que Cacace no visitara el Senado. Consideraron que su paso por Diputados no había sido bueno y priorizaron un despacho rápido. Por eso, en la primera reunión plenaria el oficialismo obtuvo las firmas para el despacho.
Las dudas sobre el INPI
Durante el plenario, el peronismo cuestionó la capacidad operativa del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), organismo que sufrió recortes durante la gestión de Sturzenegger. Los senadores opositores advirtieron que no estará en condiciones de auditar el volumen de solicitudes que llegará con la adhesión e intentaron demorar el tratamiento en la comisiones con la convocatoria a expositores.
Las objeciones no alcanzaron para frenar el dictamen. Resta ahora que el oficialismo defina una fecha de sesión, y que las firmas de comisión se traduzcan en votos en el recinto.
