Soleado
Temperatura:
21º
Ciudad:
Buenos Aires
viernes 22 de noviembre de 2019 | Suscribite
POLITICA / Poder Judicial
jueves 19 julio, 2018

Confirman la suspensión de un millonario reclamo de Odebrecht al Estado

Lo decidió la Sala II de la Cámara Federal. La empresa pretendía una compensación por $1.500 millones por pagos incompletos.

por Cecilia Devanna

La constructora brasileña sufrió un revés ante el Poder Judicial argentino Foto: AFP
jueves 19 julio, 2018

La Sala II de la Cámara Federal confirmó este jueves la suspensión de un millonario reclamo de Odebrecht al Estado argentino. La compañía brasileña, investigada en casos de corrupción en todo el continente a raíz del caso Lava Jato, pretendía una indemnización de $1.500 millones por supuestos pagos incompletos que el Estado debía abonar para la ampliación de una red de gasoductos ejecutado por el Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo.

La decisión fue tomada por los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens, según el Centro de Información Judicial. Los magistrados ratificaron el fallo del juez federal Daniel Rafecas, quien le había ordenado a la Bolsa de Comercio suspender el trámite iniciado para el pago de la compensación.

En el escrito, los magistrados afirmaron que la decisión de Rafecas “podrá compartirse o no, pero basta su lectura para advertir que no presenta defectos de fundamentación con arreglo a las normas aplicables. Por ende, es improcedente su pretendida nulidad, basada en una alegación contraria”.

La prohibición del reclamo fue dispuesta por Rafecas en marzo, en el marco de la investigación por las irregularidades en la extensión de los gasoductos en las que procesó al exministro Julio De Vido, junto a otros funcionarios del Ministerio de Planificación, por administración fraudulenta. Los procesamientos fueron en abril, por administración fraudulenta y maniobras incompatibles con la función pública, para favorecer a Odebrecht en la adjudicación de los contratos para la construcción de la obra denominada “Ampliación Gasoductos TGS y TGN. En tanto que el juez Marcelo Martínez de Giorgi investiga el presunto pago de coimas en esas obras.

Irúrzun y Llorens hicieron referencia a un fallo reciente de ellos mismo en el que avalaron el avance del enjuiciamiento “con relación a Julio Miguel De Vido, Daniel Cameron, Bautista Marcheschi, Cristian Folgar, Luis Alberto Beuret y Julio Armando Bragulat por los hechos en orden a los cuales se los indagó, sea confirmando o dictando sus procesamientos, según cada caso”. Y agregaron que al respecto sostuvieron que “es posible sostener que las irregularidades detectadas en los procesos de contratación son reveladoras de interferencias ajenas a los intereses de la administración pública, que se repiten en ambos concursos, orientadas a beneficiar a la empresa finalmente adjudicataria", es decir, la constructora Odebrecht.

En otro de los pasajes del escrito de los camaristas se sostuvo que la investigación exhibe “grados de corroboración de las hipótesis” sobre el accionar de la compañía y agregan que “…si el proceso penal persigue hacer actuar la ley material y ésta impone, como uno de sus propósitos, la reposición al estado anterior del delito, en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias”.

 

Odebrecht en Argentina

En la Argentina también tramitan otros dos expedientes que involucran a la compañía brasileña Odebrecht, uno por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y otro por la construcción de dos plantas de AYSA. Este último, en manos del juez Sebastián Casanello, es el que más avanzó y lo hizo a través de las dos patas que componen la conexión local: apuntando tanto a la rama de los empresarios argentinos como a la de los funcionarios. El 8 de mayo, el magistrado procesó a 19 personas entre ellas a los empresarios Aldo Benito Roggio y Carlos Wagner junto a varios funcionarios. Fue por presunta defraudación en perjuicio de la administración pública. En la misma resolución, Casanello también ordenó recibir declaración indagatoria en las próximas semanas a los ex funcionarios Julio De Vido, José Francisco López y Roberto Baratta, y a Jorge “Corcho” Rodríguez.

Para Casanello hubo a través de la “cartelización” un reparto irregular de la obra pública” y detectó “incrementos presupuestarios injustificados desde el inicio de los procesos licitatorios y modificaciones a los proyectos realizados por la propia AySA que incorporaban obra nueva por fuera de los originales, aumentando ilícitamente sus ventajas”.

En el expediente del soterramiento, el juez Marcelo Martínez de Giorgi citó a indagatoria recientemente a De Vido, Baratta y otros funcionarios del ex Ministerio de Planificación, junto al empresario Ángelo Calcaterra, primo hermano del presidente Mauricio Macri, ex dueño de IECSA, y  a varios ejecutivos de las empresas que formaron parte de la UTE que intervino en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.


Comentarios

Lo más visto

RECOMENDAMOS...

Periodismo puro

© Perfil.com 2006-2018 - Todos los derechos reservados

Registro de Propiedad Intelectual: Nro. 5346433 | Edición Nº 4821

Domicilio: California 2715, C1289ABI, CABA, Argentina  | Tel: (5411) 7091-4921 | (5411) 7091-4922 | Editor responsable: Ursula Ures | E-mail: perfilcom@perfil.com | Propietario: Diario Perfil S.A.