La Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF) expresó su preocupación por la forma en que la nueva conducción inició su gestión y denunció una serie de medidas que incluyen gastos extraordinarios, incorporación masiva de personal externo, asignación de autos con chofer y pedidos de tarjetas corporativas para financiar gastos de la cúpula. La apuntada es Mónica Litza, ex diputada nacional de Unión por la Patria y miembro del Frente Renovador.
A través de un comunicado, el gremio cuestionó la falta de una presentación formal de la nueva presidenta ante los trabajadores y la ausencia total de diálogo con la representación sindical, además de la irrupción “intempestiva” de personal ajeno al organismo en una cantidad considerada inédita.
Según detalló la organización, el ingreso de personal externo habría generado un incremento cercano al 15% de la dotación laboral, acompañado por el desplazamiento de trabajadores y trabajadoras de carrera de sus funciones, oficinas y puestos habituales. Desde el sindicato advirtieron que estas decisiones violentan el Convenio Colectivo de Trabajo vigente y desconocen la carrera administrativa del personal portuario.
“Desde este Sindicato queremos ser claros: no vamos a permitir ningún atropello a los derechos conquistados ni el desconocimiento de la trayectoria, la experiencia y la organización del trabajo portuario”, señalaron desde la Comisión Directiva.
El gremio indicó que, tras la declaración del estado de alerta, la presentación de notas formales y la intervención de confederaciones sindicales, las autoridades del Puerto manifestaron de manera verbal haber reconsiderado algunas de sus decisiones, e incluso destacaron un cambio inicial de actitud, con recorridas por las oficinas y expresiones de voluntad de no avanzar sobre los derechos del personal.
No obstante, advirtieron que persisten señales concretas de un intento de desplazamiento del personal histórico, lo que mantiene vigente el estado de alerta y la preocupación entre los trabajadores.
En el mismo comunicado, la UPSF alertó sobre posibles vulneraciones a la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y sostuvo que no será “cómplice ni espectador pasivo” frente a este tipo de prácticas. Además, rechazó de manera tajante la presencia de fuerzas policiales dentro del edificio, al considerar que remite a “etapas oscuras” de la historia del Puerto Dock Sud.
Finalmente, el sindicato reafirmó su defensa de un puerto “transparente, técnico y profesional”, gestionado con conocimiento y respeto institucional, y ratificó que los trabajadores deben ser protagonistas del desarrollo portuario en beneficio de la Provincia de Buenos Aires.
“El sindicato permanecerá en estado de alerta permanente y no dudará en profundizar las medidas necesarias para defender los derechos, la dignidad y la carrera de cada trabajador y trabajadora”, concluyeron.
Hasta el momento, las autoridades del Puerto de Dock Sud no hicieron comentarios ante la consulta de PERFIL.
