Por la pandemia del coronavirus y los riesgos de contagiarse que los presos corren debido al hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria, la Justicia decidió promover la libertad o distintas medidas de privación de la libertad, como prisión domiciliaria, para algunos presos, principalmente para los que forman parte de los grupos de riesgo. Familiares de víctimas de homicidios piden que se revoquen estos beneficios.
La Asociación Civil Usina de Justicia, encabezada por su presidenta Diana Cohen Agrest, envió una carta a la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en la que reclaman la marcha atrás en estas medidas argumentando que "las víctimas no tienen voz para ejercer sus derechos" y que "las condenas se dictan para ser cumplidas, no para ser incumplidas".
Los familiares de víctimas de homicidios, junto a la asociación mencionada, armaron un video y apuntaron contra la justicia por esta decisión: "Permiten que cientos de asesinos que deben permanecer en penales estén en sus casas. Exigimos de manera inmediata que se tomen medidas. Los asesinos deben estar en penales, no en comisarías ni en sus domicilios. Deben dejar de darles privilegios. A nuestros seres amados los silenciaron a sangre fría sin ninguna posibilidad de vivir. Nos sentimos burlados, que nuestro dolor no tiene valor. Que la pandemia no esconda a los asesinos. Permitirles que vuelvan a la comodidad de su hogar a cumplir condena es volver a matarlos. Cada cosa en su lugar, el delincuente en la cárcel". Entre los familiares que hablaron, se encuentra Graciela, la mamá de Fernando Baéz Sosa, el joven asesinado por los rugbiers en Villa Gesell.
"En los centenares de casos en los que ahora se decide rápidamente otorgar prisiones domiciliarias, todos los detenidos presentaban peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación y, justamente por ese peligro, fueron puestos en prisión. Peor aún, en muchos casos en lo que ahora se decide otorgar prisión domiciliaria, los detenidos se encontraban cumpliendo una condena firme. Por lo tanto, absolutamente todas las prisiones habían sido decretadas porque debía cumplirse el proceso, o la condena, en prisión efectiva", inició su reclamo la sociedad civil por los derechos de los familiares de las víctimas de homicidios que es asociación miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En esa línea, argumentan que las leyes penales "solo autorizan, como excepción, la concesión de una prisión domiciliaria al interno que padezca una enfermedad incurable en periodo terminal, o cuando se acredite que por su enfermedad no podrá recuperarse o tratarse adecuadamente en el establecimiento carcelario y su dolencia le impida su alojamiento en un hospital. Además, previo a decidir la prisión domiciliaria, deberá contarse con un dictamen de una comisión especial que lo fundamente y justifique".
"Nada de eso se está cumpliendo en las decisiones de libertades que rápidamente se están otorgando en la Justicia, (especialmente en la prov. de Bs. As., que es la que cuenta con la mayor cantidad de presos), ya que no se han basado en que los internos se encuentren padeciendo una enfermedad terminal o que no puedan tratarse adecuadamente en prisión. Ni siquiera se ha exigido acreditar que los internos se encuentren enfermos, ya que ha bastado la “posibilidad” de que se enfermen en prisión, cuando no existía ni un solo caso de enfermedad de pandemia en ningún establecimiento penitenciario. Nos oponemos firmemente a esas decisiones porque implican, lisa y llanamente, violar la Ley", agregan.
Calculan que 800 presos podrían ser excarcelados por estar dentro del grupo de riesgo
Además, cuestionan el incumplimiento de las leyes que ordenan que, previamente a otorgar una prisión domiciliaria, "deba informarse expresamente a la víctima para que formule su opinión, incurriendo en falta grave el juez que incumpliere dichos preceptos".
"En las centenares de decisiones judiciales de concesión de prisión domiciliaria, las víctimas no tienen voz para ejercer sus derechos. No las tienen ni en el proceso judicial, ni en los medios públicos. Y al no funcionar en la práctica los Defensores de las Víctimas, cuya Institución fue especialmente incluida en la Ley Nacional de Víctimas, no hay nadie que proteja sus derechos oponiéndose a la concesión de beneficios improcedentes para sus victimarios", sentenciaron.
"Los jueces están para hacer cumplir la Leyes, no para incumplirlas. Las condenas se dictan para ser cumplidas, no para ser incumplidas. Las víctimas también tienen Derechos Humanos que deben respetarse, y más aún en su caso, ya que se encontraron obligadas a participar en un proceso sin haber roto la ley porque alguien (muchas veces ya condenado y liberado anticipadamente), violó sus Derechos Humanos", expresaron.
Asimismo, también apuntaron contra la decisión de conceder libremente el uso de teléfonos celulares y computadoras con internet a todos los presos de la provincia de Buenos Aires.
Por último, solicitaron que "se arbitren sin demoras las medidas pertinentes para hacer cesar en forma inmediata la violación a las leyes nacionales y locales, bajo apercibimiento de realizar las denuncias internacionales que fueren menester para hacer cesar de inmediato la violación a los Derechos Humanos de las víctimas".
ED
