La matriz democrática de un gobierno puede corroerse a través de varios mecanismos. Uno de ellos es la corrupción.
Los delitos de corrupción involucran la concurrencia de dos voluntades: el corruptor y quien resulta corrompido. El ida y vuelta es moneda corriente. Tanto uno como otro prestan su determinación para cometer el ilícito. Un funcionario que se apropia de dineros públicos atenta no sólo contra la propiedad de la institución sino que, al mismo tiempo, traiciona la confianza depositada en su persona en tanto servidor público investido de poderes. Opera complicidad en la medida en que se acepta un soborno y el escenario arroja beneficios para ambas partes. El perjudicado siempre es el mismo: el pueblo.
Lamentablemente existe una fuerte asociación entre burocracia, aparato estatal, ineficiencia y corrupción. Por el contrario, Max Weber (1864-1920), concebía a la burocracia como la forma más eficiente de organización. En tanto sistema de administración es impersonal y jerarquizada. Está sujeta a un conjunto formal de reglas, con una clara división del trabajo y conformada por un grupo de funcionarios de cierto nivel de competencia técnica y previsibilidad en la ejecución de sus tareas.
El meollo del problema no radica en la burocracia sino en la esencia misma del poder. Lord Acton (1834-1902), historiador y político inglés afirmó: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Hoy la corrupción depuso a un gobierno electo democráticamente por su pueblo: Brasil. El impeachment a Dilma Rousseff colocó al coloso regional en un plano de fragilidad histórico descendiendo siete posiciones en la escala del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (TI) a raíz de los escándalos de Petrobras.
El IPC releva 168 países. En una escala que va del 0 (representa a los más corruptos) al 100 (ínfimo nivel de corrupción), el IPC 2015 demostró que más de dos tercios de los estados participantes obtuvieron un puntaje por debajo de 50. Dinamarca sigue manteniendo el primer puesto con 91 puntos, le siguen Finlandia (90), Suecia (89), Nueva Zelanda (88), Noruega y Países Bajos (87), Suiza (86). Los peores lugares los ocupan Corea del Norte y Somalia con apenas 8 puntos cada uno.
Brasil alcanzaba 43 puntos en 2014, para el año siguiente empeoraba a 38 puntos. En tanto Argentina presenta 32 puntos en 2015 y 34 puntos en 2014.
Los parámetros comunes para aquellos que gozan de corrupción mínima se resumen en libertad de prensa, acceso a la información pública presupuestaria, altos niveles de integridad entre quienes ocupan cargos de gobierno, poder judicial totalmente independiente e imparcial.
En tanto los más corruptos atraviesan conflictos y guerras, sufren de gobernabilidad deficiente, instituciones públicas frágiles que van desde la policía, defensa y seguridad hasta el poder judicial además de falta de independencia en los medios de comunicación. Venezuela junto con Haití y Guinea-Bissau apenas llegan a 17 puntos.
La ausencia de mecanismos abiertos y diálogos abre espacios a la impunidad, sobornos y porosidad institucional. Se socavan las instituciones toda vez que resultan funcionales a los beneficios de la clase dirigente de turno operando por fuera del interés social común.
Para el politólogo Francis Fukuyama, las distinciones ideológicas entre democracias y no democracias son menos importantes que las diferencias entre un Estado patrimonialista – corrupto y un Estado que no es tal. Analizando Rusia afirma: “… el problema de Putin es estar dirigiendo una cleptocracia, en la que él y sus amigos ven el Estado ruso como la fuente de su riqueza personal”.
Cuando el gobierno se torna en el trampolín para la práctica del agiotaje a nivel privado, el afán de lucro se perpetra en la médula del sistema democrático radicalizando la salida hacia la drástica extirpación del mal. Brasil hoy está afrontando altos costos políticos y la opinión pública alecciona a la dirigencia de turno.
La rendición de cuentas (accountability) no es un simple formalismo. Coadyuva a la transparencia, base esencial sobre la cual descansa el andamiaje de la confianza y legitimidad, creencia de validez que le aporta la sociedad civil a la sociedad política.
Accountability implica obligación de informar de manera detallada asumiendo responsabilidades sobre acciones. Engloba tres dimensiones: informativa -dar a conocer, publicitar actos-; explicativa –motivaciones que dieron origen a las acciones-; de evaluación –asumir buenas y malas prácticas-. Existe un contrato en la rendición de cuentas toda vez que el actor sea individuo u organización hace público su compromiso de realizar determinada acción asumiendo una promesa de tipo moral para su ejecución.
La ruptura del pacto abre una grieta para la confianza pública. Cuando se pierde la confianza las palabras y las promesas están vacías de contenido.
Hoy le tocó a Brasil. Esperemos que el resto de la región se percate y abra los ojos a tiempo.
(*) Analista Política Internacional. Magister en Relaciones Internacionales Europa – América Latina (Università di Bologna). Abogada, Politóloga y Socióloga (UBA). Twitter: @GretelLedo | www.gretel-ledo.com
