La designación de un nuevo juez de la Corte Suprema que ocupe la vacante que dejará Raúl Zaffaroni a partir de enero próximo promete mostrar elevados niveles de tensión política. Fuentes del oficialismo ya anticiparon que el Gobierno designará a un reemplazante. “Es un deber constitucional”, aducen. Sectores de la oposición, en cambio, insistirán en que el nuevo juez supremo debe ser nominado por el presidente que asuma a fines del año que viene. En las últimas semanas circuló el rumor de que el Gobierno haría un pacto con el radicalismo para conseguir los dos tercios de los votos que se necesitan en el Senado. Ayer, Gerardo Morales salió a desmentir todo tipo de acuerdo. “Tenemos una definición de que con este gobierno no queremos trabajar ningún consenso sobre la composición de la Corte Suprema”, aseguró en declaraciones a Radio América. “Con el próximo gobierno nos sentaremos a dialogar sobre cómo se conforma la Corte y cómo se reforma el Ministerio Público Fiscal”. Así, el Gobierno deberá decidir si propone a algún jurista afín, que difícilmente consiga apoyos en el Senado pero que le permitirá victimizarse, o, por el contrario, si busca un candidato de renombre que sea más difícil de rechazar por la oposición.
