En medio de un clima de tensión, la Corte Suprema de Justicia definirá el martes 18 de diciembre un fallo que resultará clave y determinará qué índice debe aplicar el Gobierno para actualizar los haberes de los jubilados que ganaron juicios contra el Estado.
Según pudo saber PERFIL, pese a que los votos eran casi un secreto de Estado en el Palacio de Tribunales, habría una mayoría a favor del reclamo de los jubilados.
La decisión será de enorme impacto económico para el Ejecutivo: lo que se decida en el fallo en debate incidirá en unos 150 mil casos.
La causa que llegó hasta la Corte Suprema se inició a partir del reclamo de Lucio Orlando Blanco, que se jubiló en el 2003 y comenzó una disputa legal con el Estado por la actualización de sus haberes. El hombre ganó aquel juicio en su momento, pero ahora se discute qué índice debe aplicar el Gobierno para hacer efectivo el pago de los incrementos.
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Anteriormente, para calcular esos aumentos se aplicaba el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC), pero la ANSeS comenzó a utilizar desde hace un tiempo el indicador llamado Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
La Sala II de la Cámara de la Seguridad Social falló a favor de Blanco y ordenó que se utilice el sistema ISBIC, pero la ANSeS apeló esa decisión y advirtió que está en riesgo la sustentabilidad del organismo previsional.
Los camaristas, en tanto, consideraron que usar el RIPTE para este tipo de casos "vulnera la garantía constitucional del derecho adquirido" del jubilado, ya que ese índice comenzó a funcionar mucho después de que se iniciara la denuncia y no se podría implementar de manera retroactiva.
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Según sostiene el abogado de Blanco, Gabriel Greizerstein, su defendido se vería mucho más favorecido si se aplica el primero de esos métodos para calcular el incremento de sus haberes, ya que cobraría el 59 por ciento de su salario como trabajador activo, mientras que con el otro mecanismo pasaría a recibir el 46 por ciento.
Si bien la Corte emitirá un fallo que afectará solamente a este caso en particular, el texto sentará un precedente del que se podrán acoger otros 150 mil jubilados que están en una situación similar.
A.G./D.S.
