Los celos y la desconfianza que vienen marcando el clima de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se acrecentaron en los últimos días, con vistas a la votación de este martes 18 de diciembre, en el que se conocerá el fallo sobre el índice de actualización de las jubilaciones, y por el que se espera un duro revés para el Gobierno.
A pesar de que los votos eran casi un secreto de Estado en el Palacio de Tribunales, ya habría una mayoría a favor del reclamo de los jubilados. Se trata de un caso de un enorme impacto económico para el Ejecutivo, porque lo que se decida en el fallo en debate tendrá impacto en unos 150 mil casos.
El expediente en cuestión es el del jubilado Lucio Blanco, que puso en debate qué índice debe aplicarse en los demandantes que hicieron juicio de actualización de haberes. Las miradas, como en los fallos anteriores, están puestas otra vez en Carlos Rosenkrantz, presidente del tribunal, quien es señalado y criticado duramente por su presunta cercanía con el Ejecutivo.
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Indice. Hasta ahora, para los cálculos, se usaba el Indice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic), pero desde hace un año la Anses le transfirió a la Corte el conflicto al solicitar que se aplique otro índice, el de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), lo que en la gran mayoría de los casos en juicio haría que los haberes se estimen a la baja.
Sin embargo, si el máximo tribunal se inclina –y todo indica que así lo haría–, por que se aplique el índice de actualización de las jubilaciones en litigio legal más elevado que el que propone la Anses, comenzarían los problemas para el Ejecutivo.
Fuentes del tribunal explicaron que el número total de la decisión es incalculable porque los montos variarán en cada reclamo jubilatorio. En la Corte hay cerca de 7 mil similares al de Blanco, aunque el número total de reclamos rondaría los 150 mil.
El origen de la cuestión se remonta al momento, hace más de un año, cuando la Anses empezó a presentar recursos para que los magistrados ya no ordenen recalcular los haberes utilizando el Isbic, sino que usaran el Ripte.
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Críticas. En el máximo tribunal coinciden en una queja contra el Ejecutivo, más allá de las críticas y señalamientos internos que se acrecentaron tras el cambio de mando que puso a Rosenkrantz en la presidencia luego de destronar a Ricardo Lorenzetti. La molestia es porque creen que, en el Gobierno, llevaron hasta allí el debate con la confianza de que la Corte iba a fallar a favor de ellos.
A estas horas, los tres votos casi seguros a favor de los jubilados son los de Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. Mientras muchos la señalan como el “ala peronista” del tribunal, puertas adentro del cuarto piso del Palacio de Tribunales –donde se encuentra la Corte– aseguran que “no hay divisiones partidarias” y que no entenderlo de ese modo “es un error, porque esto es algo mucho más grande”.
A lo largo de los últimos días, en la Corte insistían en lo que creen que son dos malas lecturas del Ejecutivo. En primer lugar, haber entendido que la mayoría que ungió presidente a Rosenkrantz se mantendría en las votaciones. Y en segunda instancia, que no hay, a tres años de gestión, un interlocutor confiable que mantenga un buen diálogo entre el edificio de la calle Talcahuano y el de la calle Balcarce. En el cierre de un 2018 caliente, todo parece plasmarse con más fuerza.
