En los pasillos judiciales y políticos crece la percepción de que el Gobierno impulsará la ampliación de la Corte Suprema a nueve miembros. Con dificultades para postular a un sucesor de Raúl Zaffaroni a partir de enero próximo, el mecanismo sería una maniobra del kirchnerismo para negociar con algún sector de la oposición el reparto de bancas. De todas formas, puertas adentro del Gobierno aseguran que Cristina Kirchner todavía no tomó la resolución final.
Dos fuentes de la Justicia dieron por hecha ante PERFIL la decisión del oficialismo. Aseguran que es inminente el envío del proyecto de ley al Congreso, para que se sancione antes de fin de año, durante la prórroga de sesiones ordinarias que fijó el Ejecutivo. Según la información que manejan, la Presidenta se inclinaría por llevar los cinco miembros actuales a nueve (se especulaba con que podrían ser más), con salas especializadas por materia.
Sin embargo, tres legisladores del Frente para la Victoria negaron tener información al respecto. No sería la primera vez que los propios oficialistas se enteran de que un proyecto avanza recién cuando Cristina lo informa, pero lo cierto es que faltando apenas tres semanas de sesiones los plazos se acortan. Una de esas fuentes, de todas formas, reconoció que hay importantes sectores del kirchnerismo presionando para que Cristina tome la decisión de ampliar.
El problema es que fue la propia Presidenta la que promovió, cuando era senadora, la reducción de los miembros a cinco. “El momento político en ese entonces indicaba que lo ideal era achicar, pero ahora creemos que lo mejor es ampliar”, razonó una voz oficialista, que al igual que un jurista de la Corte Suprema coincidió en que Cristina está tomando la decisión entre sus más íntimos. “Lo único que se sabe es que a todos aquellos que se le acercaron con ideas los terminó echando”, indicó una fuente con despachó en Tribunales.
Con la partida de Zaffaroni, la Corte quedará compuesta por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt. El primero de ellos promueve la idea, compartida por amplios sectores de la oposición, de que el Máximo Tribunal puede seguir funcionando con cuatro miembros y que sea un nuevo presidente el encargado de designar a quien ocupe el lugar vacante. Highton y Fayt, en cambio, ya expresaron que el Gobierno debe postular a un sucesor.
Senadores de la oposición firmaron un documento en el que rechazan cualquier designación que pretenda hacer el actual Gobierno, impidiendo así que llegue a los dos tercios necesarios para nombrar a un juez supremo. La ampliación de la Corte, argumentan juristas y políticos, ayudaría a destrabar esa negociación.
