La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó pasadas las 9.30 de este lunes 2 de diciembre a Comodoro Py, donde enfrenta un juicio oral que la investiga como presunta "jefa de una asociación ilícita" para direccionar el otorgamiento de la obra pública durante su mandato. La audiencia de la vicepresidenta electa, realizada ocho días antes de que asuma ese cargo, se realiza en la Sala AMIA de los tribunales federales de Retiro, pero no se transmitirá en vivo como ella pretendía. El Tribunal Oral Federal 2, a cargo del caso, rechazó esta mañana un nuevo pedido que la defensa de la senadora nacional había realizado para que la indagatoria sea emitida en directo.
"¿No les parece de trascendencia pública que la vicepresidenta electa este sentada acusada de integrar una asociación ilícita?", planteó CFK en el inicio de su declaración ante los jueces, al cuestionar su decisión.
"Quieren impedir que el pueblo argentino conozca la verdad sobre lo que acusan a Cristina", planteó esta mañana el senador Oscar Parrilli sobre la negativa de los jueces ante el pedido de la defensa. La propia CFK publicó anoche un hilo en Twitter, en el que calificó el juicio oral como un "caso paradigmático de Lawfare en la Argentina". Además, cuestionó que no se transmita su discurso mientras "las mentiras, difamaciones y descalificaciones" sobre su persona hayan sido "planificadamente publicadas y televisadas en vivo y en directo".
Mañana, en Comodoro Py, tendrá lugar una audiencia oral del caso paradigmático de Lawfare en la Argentina: la causa conocida mediáticamente como de la “Obra pública”…
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 1, 2019
Cristina partió cerca de las 9.20 de su departamento del barrio porteño de Recoleta y entró a Comodoro Py rodeada por las cámaras de los medios y por algunos militantes que marcharon para apoyarla. Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu ingresaron pasadas las 9.50 a la sala, por lo que el inicio de la audiencia se demoró unos minutos.
Cristina Kirchner va a la guerra
La causa. El caso conocido como "Obra Pública" investiga el presunto direccionamiento de 52 obras viales al Grupo Austral, de Lázaro Báez. Además de la vicepresidenta electa y Báez hay otros 11 acusados, entre los que se cuentan el exministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas, José López.
El caso fue instruido por el juez federal Julián Ercolini, quien procesó a Cristina en diciembre de 2016, cuando también le trabó un embargo por 10 mil millones de pesos. "Cristina Elisabet Fernández, en su carácter de presidente de la Nación, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015, habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país", argumentó entonces el magistrado en su fallo.
Con la presentación de la ex presidenta se cerrará la ronda de indagatorias, ya que es la última de los 13 acusados en el caso en presentarse en esta instancia.
FF
