En su voraz intento por desnudar supuestos negocios ilícitos de la familia presidencial, y así presionar al gobierno argentino para cobrarse su deuda, los fondos buitre pidieron investigar a una empresa radicada en Nevada que, sospechan, tiene vínculos con Cristóbal López, Lázaro Báez, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. La firma en cuestión, Val de Loire LLC, negó a través de su mánager, Edmund Ward, haber realizado alguna transferencia de activos con Báez y López. Sin embargo, PERFIL descubrió que Val de Loire LLC es socia de Federico de Achával y Cristóbal López en el Hipódromo de Palermo y en el Casino Magic de Neuquén.
Esta información fue confirmada a este diario por el vocero de Achával. “Sería necio negar que son socios, pero no es lo mismo que ser dueños”, aclaró. Val de Loire es socia del Hipódromo desde 1996. Actualmente, la composición accionaria, según describió el vocero a PERFIL, es así: el 50% pertenece a APSA, una sociedad entre Federico de Achával y Val de Loire LLC, junto a Proyecciones Hípicas y Vanfisa SA. En UTE con Casino Club, de López, que tiene el otro 50%, explotan las máquinas tragamonedas del Hipódromo. De APSA, Val de Loire, tiene el 35%.
Cinco días antes de dejar el poder, Néstor Kirchner le concedió a la UTE que maneja el Hipódromo de Palermo 15 años más de prórroga en la concesión para la explotación de las máquinas tragamonedas, con la condición de que ampliaran la cantidad de slots. El 5 de mayo de 2010, Val de Loire, también en sociedad con Achával y López, compró el Casino Magic de Neuquén. La actividad de Val de Loire en Nevada es un misterio. Su mánager, Ward, dijo que la firma está radicada en Nevada por cuestiones legales y por una cuestión de estructura. Pero que no es de allí. Nevada es el paraíso del juego.
En el sistema de antecedentes comerciales, Val de Loire integra la sociedad Correón SA, de la que a su vez participa Achával. Con Correón fue que se metieron en el Casino Magic, que fue comprado a otra empresa norteamericana, Pinnacle. Val de Loire fue inscripta en la Inspección General de Justicia argentina el 10 de septiembre de 2003, según figura en los registros. Fijó su sede en Lavalle 1312, 4º piso, a través del Tomo B de Sociedades Extranjeras.
Claro que esto no prueba que alguna de estas empresas haya realizado lavado de activos, ni mucho menos que lo haya hecho en connivencia con la familia presidencial. Lo extraño es que los buitres hayan puesto su ojo allí. Se sabe que estos fondos cuentan con agencias de detectives privados y que han logrado, mediante la revelación de datos delicados, que otros países pagaran su deuda defaulteada. Lo hicieron en el Congo, desnudando los gastos del hijo del presidente. El rey del Congo decidió pagar, antes de que el escándalo se lo llevara puesto. También es cierto que, aunque ya tenía un imperio, López lo agigantó en la era kirchnerista.
Pero los buitres juegan al misterio, porque suponen que la Argentina intentará llegar a un acuerdo después de enero, cuando venza la cláusula RUFO, que le impide al país hacerles una mejor oferta que a los que entraron en los canjes anteriores. Por ello, juegan a entregar información con cuentagotas. Su objetivo es cobrar.
