¿Hasta dónde llega la responsabilidad del Gobierno en el negocio del tráfico de efedrina? ¿Alguien daba órdenes desde la Casa Rosada para que la Sedronar aprobara el ingreso de miles de kilos de esa sustancia que luego era desviada al narcotráfico? El fallo en el que la jueza María Servini de Cubría procesó a tres funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner, responsables de empresas farmacéuticas, como partícipes de una maniobra narco internacional revela cruces de llamados telefónicos de los días en los que se aprobaban esas importaciones.
Para la jueza, la maniobra para ingresar más de 40 mil kilos de efedrina y desviarlos al mercado negro se hizo con la complicidad de un organismo del Estado: la Secretaría para la Programación de la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar). La sustancia se utiliza para la elaboración de metanfetaminas, una droga clásica de los carteles mexicanos.
En el expediente, en el que la jueza acusa a un íntimo amigo de Néstor Kirchner, están registrados los contactos telefónicos entre acusados de tráfico de efedrina, funcionarios de la Sedronar, Casa Militar –Casa Rosada– y Presidencia de la Nación. Uno de los empresarios que mantiene contactos telefónicos es Alfredo Abraham, juzgado actualmente por presunto tráfico. Los llamados se repetían cada vez que se autorizaba el ingreso de un cargamento de efedrina al país. Aún no se ha podido identificar quiénes utilizaban los teléfonos de la sede de Gobierno porque los teléfonos fijos están registrados como conmutadores. Pero, para el juzgado, hay un patrón en las llamadas.
Servini procesó a José Granero –titular de la Sedronar hasta 2011 y actual director de la empresa estatal Enarsa–; a Gabriel Abboud –ex subsecretario de ese organismo– y a Julio De Orué –ex director del Registro de Precursores Químicos de la Sedronar– por considerarlos partícipes primarios del delito de “haber introducido al país materias primas destinadas a la fabricación de estupefacientes y alterado su destino de uso”. También procesó a tres responsables farmacéuticos de Droguería Saporiti, Droguería Libertad SA y Unifarma SA, tres de las empresas que importaron la efedrina y luego la habrían vendido al mercado negro.
Pedro Lucas Paradelo pertenece a una familia de abogados de Río Gallegos y era funcionario del Registro de Precursores Químicos de la Sedronar. Hoy ejerce como escribano en el Registro Notarial número 42 de Gallegos.
“Paradelo –que no es un alto funcionario de la Sedronar, o es el secretario, ni un subsecretario, ni un director–, recibe llamados telefónicos a su teléfono celular de, al menos, cinco abonados distintos instalados en la Casa Rosada y de uno de la Jefatura de Gabinete. Pareciera no tratarse de un empleado cualquiera”, señala el fallo. “Desde un abonado instalado en la Casa de Gobierno, tras entablar una comunicación con el secretario privado del máximo funcionario de la Sedronar, de inmediato y desde el mismo teléfono, cortan y llaman a Paradelo”. Ese patrón se repetía al día siguiente a “una solicitud de importación de mil kilos de efedrina”. Paradelo, a su vez, “registra comunicaciones con personas vinculadas a maniobras de narcotráfico”. Ese mismo teléfono de la Casa Militar –o Casa de Gobierno–, que se comunicaba con Paradelo y el secretario privado de Granero, recibió tres llamado de Alfredo Abraham.
Allanan Movistar por “adulterar” registros. La jueza Servini ordenó el jueves el allanamiento de oficinas de Movistar. Para la magistrada, “se poseen fundadas sospechas de que podrían haberse adulterado registros del abonado telefónico empleado ni más ni menos que por el secretario de la máxima autoridad de la Sedronar”, el organismo antidrogas que investigó su juzgado. El secretario privado de José Granero había recibido dos llamadas de Alfredo Abraham, uno de los mayores importadores de efedrina y luego acusado de presunto tráfico. Pero el juzgado descubrió que la telefónica no las informó.
Es la segunda vez que los registros telefónicos de Movistar quedan en la mira de la Justicia. PERFIL reveló que, en la causa contra Lázaro Báez, consta la desaparición de los registros de los llamados telefónicos de todos los abonados de esa empresa durante diez días de 2010, entre el 17 y el 27 de octubre, justo antes y después de la muerte de Néstor Kirchner.
