Antes de que termine noviembre, la Sala I de la Cámara de Casación Federal –el máximo tribunal penal del país– tiene que expedirse sobre un punto central en la mayor causa de corrupción de la historia argentina: los Cuadernos de la Corrupción. La resolución responderá a los planteos realizados por varios de los involucrados en la causa, que tiene a Cristina Kirchner acusada de ser la jefa de una asociación ilícita.
La mira está puesta en la validez del testimonio de los arrepentidos, que contribuyeron a fortalecer la acusación. Y también, en la constitucionalidad de la Ley del imputado Colaborador, que se promulgó durante el macrismo. Los planteos apuntan a derribar la causa, en la que se investiga si hubo una asociación ilícita en torno a la obra pública entre 2003 y 2015. El expediente fue elevado a juicio oral y público en 2019.
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El origen: las declaraciones
En el caso hay 31 arrepentidos cuyos acuerdos fueron homologados por el fallecido juez del caso, Claudio Bonadio, y confirmados por la Cámara de Apelaciones. Esas declaraciones fueron claves para el desarrollo de la investigación ya que aportaron datos y pruebas sobre el circuito de sobornos en torno de la obra pública en la Argentina.
El eje de conflicto, propuesto por las defensas –entre ellas la del ex ministro, Julio De Vido, procesado como organizador de la asociación– está en el artículo 6 de la ley del arrepentido, la 27.304. Se trata del punto que sostiene que las declaraciones tienen que contar con un soporte técnico idóneo que garantice su evaluación posterior.
Las defensas afirman que, de acuerdo a la ley, debe tratarse de una grabación de video o de voz. Eso ya se consultó al juzgado –hoy en manos de Marcelo Martínez de Giorgi, quien subroga el despacho de Bonadio desde febrero pasado, cuando el ex magistrado falleció– y desde allí se respondió que no existe ese tipo de registros.
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Era algo que se sabía desde el comienzo del caso en los tribunales de Retiro. Todo lo declarado por los imputados colaboradores o arrepentidos fue dejado por escrito. Primero llegaban a acuerdos con el fiscal del caso, Carlos Stornelli, y luego eso era homologado o no por Bonadio. Entonces el magistrado consideró ese modo de registro como idóneo. Y tras esa convalidación incluso llegó más tarde la de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones.
Ahora será el turno de la decisión de Casación respecto tanto de la constitucionalidad de la ley del imputado colaborador como de la validez de esos testimonios. La Sala que debe fallar está compuesta por Ana María Figureoa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña y se trata de una de las dos Salas que interviene en el caso.
Los arrepentidos
El primer arrepentido del caso fue el ex chofer Oscar Centeno, cuyas anotaciones en una serie de cuadernos, fueron el puntapié inicial del caso, conocido como el más grande de la historia de la corrupción local. Desde entonces, a Centeno, que permanece en un lugar desconocido dentro del Programa de Protección de Testigos e Imputados, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, le siguieron tanto empresarios como ex funcionarios kirchneristas.
El ex titular de IECSA Ángelo Calcaterra, primo hermano de Mauricio Macri; el ex ministro de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo; el empresario Aldo Roggio; el ex secretario de Obra Pública José López, y el ex financista Ernesto Clarens, son algunos de los arrepentidos entre un grupo que superó la treintena.
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Aunque un elemento fundamental, los testimonios de los arrepentidos no son el único pilar del caso, en el que el propio Bonadio, había explicado en sus resoluciones que esos dichos habían sido corroborados por otras pruebas concretadas en el caso, como cruces de llamados y extractos bancarios, entre otros elementos.
El caso irrumpió públicamente cuando la madrugada del 1 de agosto de 2018 se produjo una importante ronda de detenciones que incluyeron a ex funcionarios del kirchnerismo, y a algunos de los más poderosos empresarios del país. De Roberto Baratta, ex mano derecha de De Vido, al ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, fueron sólo algunos de los que entonces quedaron detenidos por disposición de Bonadio.
Desde entonces el expediente creció y avanzó rápidamente. Tras lo cual, en septiembre de 2019, un año y un mes después de esa irrupción, el caso fue elevado a juicio oral y público. Tras esos movimientos, ahora se espera la resolución de la Casación Federal, en un caso que puede presentar un precedente no sólo para el caso en particular sino para la justicia en general también.
CD/MC
