En un año atípico para el movimiento del Poder Judicial, en los tribunales federales de Comodoro Py hay expectativa sobre un fallo que se espera en el marco de los cuadernos de la corrupción. Para antes de fin de mes está previsto que se conozca la decisión de la Sala I de la Cámara de Casación Federal, máximo tribunal penal del país, sobre la validez de las declaraciones de los arrepentidos en el caso.
El planteo fue realizado por varias de las defensas de los involucrados en la causa –que tiene a CFK como jefa de una asociación ilícita que operó entorno de la obra pública entre 2003 y 2015– que buscan que esas declaraciones sean declaradas nulas. La causa ya está elevada a juicio oral y público.
Los arrepentidos son uno de los pilares fundamentales del caso que comenzó en agosto de 2018 con una importante ronda de detenciones que incluyeron a ex funcionarios del kirchnerismo, y a algunos de los más poderosos empresarios del país. De Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido, al ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, fueron sólo algunos de los que la madrugada del 1 de agosto quedaron detenidos por disposición del juez del caso, el fallecido Claudio Bonadio.
El eje de conflicto propuesto por las defensas –entre ellas la del ex ministro, Julio De Vido– está en uno de los artículos de la ley del arrepentido, la 27.304. Se trata del punto que sostiene que “las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”.
Sus declaraciones
ya fueron
convalidadas por
la Cámara Federal
de Apelaciones
Las defensas sostienen que, de acuerdo a la ley, debe tratarse de medios fílmicos o de voz. Eso ya se consultó al juzgado –hoy en manos de Marcelo Martínez de Giorgi, quien subroga el despacho de Bonadio– y desde allí se respondió que no existen ese tipo de registros. Las declaraciones ya fueron convalidadas en instancias anteriores, como la Cámara Federal de Apelaciones. En tanto que ahora será el turno de la decisión de Casación respecto de la constitucionalidad de la ley del imputado colaborador y la validez de los testimonios de los arrepentidos. La Sala que debe fallar está compuesta por Ana María Figureao, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.
El caso comenzó con la aparición de las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno, primer arrepentido en el caso. Luego de él y con el correr de los días, semanas y meses se fueron sumando otros como Ángelo Calcaterra, primo hermano de Mauricio Macri, el ex ministro de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, el empresario Aldo Roggio, el ex secretario de Obra Pública José López, y el ex financista Ernesto Clarens, entre un grupo que superó la treintena.
Aunque un elemento fundamental, los testimonios de los arrepentidos no son el único pilar del caso, en el que el propio Bonadio, había explicado en sus resoluciones que esos dichos habían sido corroborados por otras pruebas concretadas en el caso, como cruces de llamados y extractos bancarios, entre otros elementos.
