Cristóbal López y Fabián de Sousa, los responsables del emporio Indalo, volvieron a trabajar juntos. Fue después de la experiencia que los unió: la cárcel. Y con un único objetivo en la mira: “salvar las empresas como sea”. Así lo confirmaron a PERFIL allegados a los empresarios que hace tres semanas fueron liberados en un polémico fallo de la Cámara Federal, donde se interpretó que el no pago de 8 mil millones de pesos por el impuesto al combustible no había sido una defraudación, como sostuvo el Gobierno, sino una apropiación indebida de tributos.
Hasta el presidente Mauricio Macri salió a quejarse del fallo mientras se abrieron investigaciones en el Consejo de la Magistratura para los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah, que firmaron las liberaciones. El escenario le permite a Cristóbal convencerse de que no era Alberto Abad quien estaba detrás de las causas sino el propio Macri, dicen los que lo rodean.
Pero López prepara esa batalla para más adelante. “Refutar las barbaridades que nos dijeron será después”, advierten. Ahora, la mira está en puesta en los negocios. Por eso, López y De Sousa se juntan dos veces por día para analizar el futuro. “Como ya no tienen oficinas, usan el departamento de Cristóbal para juntarse –pudo saber este diario–. Están más unidos que antes de ir presos, queriendo salvar las empresas de cualquier forma. Si es un ‘cramdawn’, será así. Si es siendo empleados, también. Quieren seguir funcionando”.
Negocios. La llave del futuro de Oil Combustibles y el resto del grupo la tiene el juez comercial Javier Cosentino. Ya quebró el Banco Finansur y se abrieron los concursos de acreedores para FM Vale, Telepiú (C5N, Minuto Uno y CN23) e Ideas del Sur. Hasta Marcelo Tinelli hizo una presentación en la causa esta semana. Pero la causa madre que definirá el futuro del grupo es la petrolera. Los interventores judiciales pidieron analizar el procedimiento de “cramdawn” ante el horizonte de una quiebra inminente. Eso implicaría la aparición de algún comprador, algo con lo que habían coqueteado López y De Sousa antes de caer presos. Esta semana, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre –como administradores desplazados– pidieron ese salvataje y de paso culparon a la AFIP de todos sus males: desmintieron las sumas que les reclaman pre y post concurso, reclamaron planes de noventa cuotas y denunciaron que la inhibición de bienes y embargos de cuentas bancarias fueron los responsables de la parálisis de la firma. La AFIP contestó que la quiebra sería “lo menos perjudicial”.
Libertades. La AFIP pone las esperanzas en la Cámara de Casación Penal. Allí, Ricardo Gil Lavedra reclamó que el caso vuelva a ser una defraudación y no un delito tributario. El fiscal Germán Moldes fue por más: quiere que vuelvan a la cárcel y que los acompañe el ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray, a quien definió como “el custodio de los secretos comprometedores”. En los próximos días, las defensas de los tres podrán hacer oír sus argumentos para insistir con un delito tributario. Pero Casación tendrá que dirimir primero su propia interna –relatada ayer por PERFIL– para resolver quiénes serán los jueces que analizarán el caso. El Gobierno lo sigue de cerca.
Vendían balances de Oil. La banda que robaba datos fiscales de la AFIP estaba detrás de los números de Oil Combustibles. Todavía es un misterio a quién se los vendieron. El dato surge del fallo de la Cámara Federal que esta semana confirmó procesamientos y detenciones de los presuntos líderes de la banda: Leandro Rodríguez, dueño de Reportes Online, y Sebastián Karamanian, jefe de División de AFIP.
Según un legajo reservado de la AFI, el 1º de septiembre de 2016 Rodríguez le pidió a Karamanian los balances de la petrolera. Días después, la Corte Suprema resolvió que el concurso preventivo de Oil quedara en Buenos Aires y no en Chubut, como quería Cristóbal López. En la causa consta esta conversación:
LR: Podrás pasarme este balance: 30711292988
SK: Te mandé mail. Ojoooooo. Que es delicado. ¿Para quién es?
LR: Sí, ya sé
SK: Ojoooo.
A los cinco minutos, LR reclamó: “Ese no es el último. Es de 2015. ¿No presentaron este año?”. Hubo un no como respuesta. El juez Rodolfo Canicoba Corral investiga más nexos de la banda.
