El abogado Ricardo Monner Sans impulsó hoy una nueva denuncia contra el Consejo de la Magistratura por supuestas “irregularidades” en la licitación para la construcción de un edificio “inteligente” destinado al fuero civil sobre el predio de Uruguay 722-Viamonte 1345.
La maniobra encubriría desvíos de fondos, ya que se adjudicó el proyecto a la empresa RIVA S.A, la obra no se realizó, los pagos “millonarios” se efectuaron y ahora se abrió una nueva licitación que se adjudicaría a la misma empresa que habría incumplido “innumerables veces”, en supuesta connivencia con funcionarios del Consejo de la Magistratura, según advierte el denunciante.
La denuncia recayó ante el juez Daniel Rafecas quien, junto al fiscal Patricio Evers, reconstruyen pruebas y datos en otras supuestas maniobras por tercerizaciones en servicios de limpieza, sobre presuntas inconsistencias en el alquiler de unidades funcionales de un edificio ubicado en Lavalle 1441/3, y contrataciones “irregulares” en el área de Tecnología por “cifras millonarias”.
Estructura Inteligente. La obra para la “ambiciosa” construcción de un edificio para el fuero civil se adjudicó a través de la Comisión de Administración y Financiera en Septiembre de 2009, a la empresa constructora RIVA S.A.
El monto inicial de la adjudicación fue por $ 50.043.000, con un plazo de ejecución de dos años pero, hasta la fecha, nada se hizo. Además, los costos fueron “in crescendo por consenso de partes” hasta llegar a $70.510.214,88, explica Monner Sans.
Según la documentación que aportó el letrado, se afirma que el contrato habría sido formalizado el 26 de octubre de 2009; el 6 de noviembre de 2009 la Dirección General de Infraestructura Judicial habría impartido la orden de ejecución y el 13 de noviembre de 2009 se habría firmado el acta de entrega del terreno destinado a la construcción del edificio a la empresa RIVA S.A.
Diez días después, la obra fue suspendida por inconvenientes surgidos con el otorgamiento del permiso de obra por parte del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, “lo cual demostraría una extraña aptitud para el manejo de tan delicados asuntos”, detalla el texto.
“La firma RIVA S.A. no cumplió y la Administración General y la Comisión de Administración y Financiera (CAF) habrían permitido que no se cumpliera”, remarcó el abogado.
Se ha llamado a una nueva licitación pública, abriéndose los sobres el 20 de diciembre de 2013. Entre los postulantes, y conformando una U.T.E. aparece otra vez RIVA S.A.
El costo de la obra para el mismo edificio se ha cuadruplicado independientemente de otros perjuicios que ha sufrido el Poder Judicial de la Nación, sentencia Monner Sans.
Hoy. Pasados más de veinte meses del 6 de diciembre de 2012, ningún edificio semi-inteligente existe en el predio de Uruguay 722 / Viamonte 1435. Lo único que hay es un profundo pozo que debió ser sub-murado por otra empresa (CASAGO S.A.) para evitar daños al edificio de Uruguay 714 -donde funcionan algunos juzgados civiles- y al edificio de Uruguay 740, donde funciona la sede de la Comuna 1 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En tanto, el abogado y consejero Daniel Ostropolsky, denunció a Perfil.com que el presidente del Consejo de la Magistratura Alejandro Sánchez Freytes les comunicó el miércoles a todos los consejeros se reuniría de manera “informal” en los próximos días con el abogado de la empresa RIVA S.A, Rodolfo Barra, reunión a la que invitaba a participar al resto de los consejeros.
“Me negué porque eso es ilegal y atenta contra la transparencia de un organismo que maneja fondos públicos. El Consejo maneja el presupuesto del Poder Judicial de la Nación”, expuso Ostropolsky.
Barra, exministro de la Corte Suprema, de estrecho vínculo con el poder desde el gobierno menemista, intervino como jurado en los concursos más sensibles que tramitaron en la Magistratura durante toda la gestión kirchnerista.
(*) Especial para Perfil.com.
