martes 09 de agosto de 2022
POLITICA Derechos

Denuncian ante la CIDH atropello a la libertad de expresión por la demanda contra Patricia Bullrich

La iniciativa fue de la Fundación Led y alerta sobre “el estado de vulnerabilidad” debido a que “las máximas autoridades gubernamentales” demandan a quienes “opinan en contra de sus decisiones”.

01-10-2021 13:59

La Fundación Led Libertad de Expresión + Democracia presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las “limitaciones a la libertad de opinión” a raíz de la denuncia presentada por el Presidente de la Nación contra Patricia Bullrich, por sus dichos sobre las vacunas contra el COVID-19. Para este pedido toman de ejemplo el reciente fallo en favor del periodista Eduardo Feinmann.

El pedido fue dirigido a la Secretaría Ejecutiva Tania Reneaunm Panszi de la Comisión Interamericana, al Señor Relator Especial para la Libertad de Expresión Comisionado Pedro Vaca Villarreal y a la Relatora para Argentina Comisionada Julissa Mantilla Falcón. En el escrito detallan diferentes citas de la forma en que el oficialismo se refirió a la presidenta del PRO después de que, en una entrevista con Luis Majul en La Cornisa, cuestionara que se hubiera acordado con Pfizer para proveer al país de vacunas.

Pfizer| Demanda millonaria de Alberto Fernández contra Patricia Bullrich

Además, el hecho de que el Gobierno realizara una demanda contra Bullrich, demuestra para la Fundación “el estado de vulnerabilidad que reviste para la libertad de expresión en el país”. Desde Led incluyen el reciente fallo en favor del periodista Eduardo Feinmann, denunciado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el año 2018. En ese caso la funcionaria había iniciado acciones judiciales por “difamación”. 

El escrito señala otros antecedentes que irían en contra de la libertad de expresión como la condena al periodista Gabriel Hernández, que debió pagar 2 millones de pesos por emitir en su programa radial comentarios de sus oyentes contra Gildo Insfran o el caso de Diego Masci, condenado por emitir un video de una ministra del Gobierno de San Luis.

Los abogados de la Fundación consideran necesaria la intervención de la CIDH como forma de establecer garantías a la libertad de expresión y opinión. Según los letrados este derecho “de ningún modo puede estar afectado ni sujeto a responsabilidades ulteriores, como la multa de 100 millones de pesos que pretende cobrar el primer mandatario en su demanda a una de las principales dirigentes de la oposición”.

RB/FL