Los miembros de la Cámara de Apelaciones, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, denunciaron por “remoción política” al Estado Argentino ante la Secretaria Ejecutiva interina de la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH), María Claudia Pulido. Este jueves 24 de diciembre ambos camaristas pidieron, además, la suspensión del concurso para cubrir las vacantes en la Sala I de la Cámara Federal. Ese concurso fue ordenado por la Corte Suprema, al confirmar provisoriamente sus traslados.
Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados a la Cámara Federal durante el gobierno de Mauricio Macri. La decisión del gobierno de Cambiemos fue avalada por dos acordadas de la Corte Suprema, pero la administración de Alberto Fernández los anuló por decreto. El Senado, presidido por Cristina Kirchner, avaló esa decisión y ordenó que esos jueces, junto al federal Germán Castelli, vuelvan a sus lugares de origen. Pero los tres presentaron un Per Sáltum y la Corte Suprema los confirmó en el cargo de manera provisoria pero dijo que, para quedarse, deben concursar.
En el escrito presentado ante el organismo internacional, los jueces pidieron se dicte una medida cautelar de carácter urgente para suspender la tramitación del concurso, habiéndose iniciado durante el pasado noviembre.
Se completa la Cámara de Apelaciones con dos referentes vinculados al kirchnerismo
“Hemos sido removidos por la política de nuestros cargos de Jueces de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, vitales para quienes manejan actualmente el sistema del poder" comienza el comunicado para, luego, sentenciar que “los motivos pueden ser varios, sin descartar la venganza, búsqueda de impunidad o simplemente obtener cargos del esquema central del poder judicial”
Acto seguido, arremetieron también contra referentes de diversos sectores, entre ellos el presidente Alberto Fernández, a quien denunciaron como la persona que “inició el trámite”. “Es difícil pensar que el Presidente de la República Argentina no se encontraba especialmente inquieto o constreñido para desalojarnos de los despachos” expresaron los camaristas. Asimismo, caracterizaron la remoción como una “violación de derechos”.
Concluyendo con el escrito, resuelven: “Planteamos la nulidad de lo resuelto por el Consejo de la Magistratura por violar la seguridad jurídica, afectar la irretroactividad y la estabilidad de los actos administrativos firmes y consentidos, que generaron derechos subjetivos y que sólo podían ser cuestionados por la vía judicial”.
JFG/MC
