El fiscal federal Franco Picardi solicitó las primeras medidas de prueba de fondo e impulsó así la investigación para determinar si durante el gobierno de Mauricio Macri, la AFIP ejerció "hostigamiento fiscal" contra la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos.
La titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont había presentado una ampliación ante el juzgado federal 11, donde tramita la investigación desde febrero, y aportó supuestas pruebas de hostigamiento fiscal contra la familia Kirchner. La elevación del escrito se produce en medio de la tensión entre Cristina y la Corte Suprema y la marcha por la liberación de presos políticos. La vicepresidenta asegura que la Corte dirigió el Lawfare en su contra con el aval de varios jueces y del gobierno de Macri.
A través de un dictamen de una docena de páginas, el fiscal Picardi le requirió al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que requiera información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a distintos organismos del Poder Judicial, según detallaron a Télam fuentes judiciales.
La AFIP denunció que Macri hizo hostigamiento fiscal a Cristina Kirchner
La titular de la AFIP había presentado la semana pasada los resultados de las auditorías internas ante la justicia dispuestas en febrero después de las presentaciones formuladas por la expresidenta y allí se indicó que se había detectado "la posible comisión de ciertos hechos, por parte de la AFIP durante las gestiones del doctor Alberto Abad y del Ingeniero Leandro Cuccioli" encuadrables en los delitos de "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita".
En aquella presentación se enumeraron al menos ocho tipos de irregularidades distintas que, según la denuncia, daban cuenta de la "presunta finalidad persecutoria contra la principal referente del espacio político opositor durante el período 2015-2019 y sus hijos":
- La iniciación y continuación, durante un año, de una fiscalización contra la exmandataria "sin siquiera intentar notificarla de manera efectiva" con un "llamativo aval de la fiscalía que había ordenado la determinación de la eventual deuda tributaria".
- La persistente notificación ulterior a la vicepresidenta de lo actuado por la AFIP en un domicilio que no tenía vinculación alguna con ella.
- Irregularidades en las determinaciones de deuda de la exjefa de Estado y de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
- La realización de una gran cantidad de consultas sistémicas sobre información fiscal de los tres contribuyentes aludidos sin fundamento legal siquiera aparente.
- La intervención de funcionarios de AFIP distintos a aquellos que resultaban competentes.
- La actuación de funcionarios de AFIP en causas judiciales en supuesta representación del organismo sin mandato para ello.
- La creación, dentro de AFIP, de grupos de seguimiento y control de las actividades de contribuyentes específicos, sin respaldo legal suficiente.
- La existencia de una actuación coordinada, con vías de comunicación alternativas y distintas a las formales, con juzgados y fiscalías federales.
Marcó del Pont había expresado en la denuncia que todos esos hallazgos, analizados globalmente, permitían presumir que "entre 2016 y 2019 se habrían desplegado acciones ilegales" desde el ente recaudador "que se podrían configurar el denominado "hostigamiento fiscal" contra la principal oponente política al entonces oficialismo.
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Entre los funcionarios que presuntamente habrían participado de las maniobras se encuentra el "agente Jaime Mecikovsky" quien habría actuado sin una autorización formal que lo designara como auxiliar de la justicia o lo comisionara para poder prestar funciones ante otro poder del Estado.
La denuncia ponía el foco en que se habían detectado “vías alternativas de comunicación” entre el ente recaudador y el juzgado federal 11 –entonces a cargo de Claudio Bonadio- y fiscalías federales, en relación a las supuestas comunicaciones irregulares entre la AFIP y la justicia federal durante el gobierno de Cambiemos.
La causa en la que la vicepresidenta interviene como querellante se tramita en el juzgado que ocupó Bonadio hasta su muerte y ahora encabeza el juez Martínez de Giorgi; mientras que la fiscalía que impulsó la investigación está interinamente a cargo de Picardi porque su titular, Paloma Ochoa, se encuentra de licencia.
