Si bien la derogación del decreto migratorio 70/2017 ha sido leído como una victoria política por parte de las organizaciones de la sociedad civil y actores institucionales que denunciaron, desde un primer momento, su carácter criminalizador, aún subsisten ciertas dudas respecto a qué pasará con las causas en proceso o si habrá oportunidad de revocar muchas de las deportaciones que se concretaron a la luz de este DNU del gobierno de Mauricio Macri.
La mayor incógnita jurídica radica en la forma que adquirió, finalmente, la derrota de este polémico decreto. Al haber sido derogado, su efecto se anula hacia adelante. En cambio, hubiera requerido una declaración de nulidad o de inconstitucionalidad para actuar con retroactividad y eliminar sus acciones en el pasado, como si dicha norma nunca hubiera existido.
La Corte Suprema tiene en su poder la última de las apelaciones del gobierno de Juntos por el Cambio con la expectativa de revertir un fallo en contra por parte de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.El tribunal había declarado su inconstitucionalidad con efecto colectivo a partir de un amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Hasta el momento, no falló y los juristas entienden que es probable que ahora se declare abstracto.
Hacia el futuro, entonces, los procesos de expulsión que se inicien tramitarán por la norma previa al decreto 70/2017, que contempla un proceso más extenso para el derecho a la defensa de los extranjeros. No sucederá igual con los trámites que ya estén en curso. Allí la decisión política descansa en Migraciones que, con la gestión del Frente de Todos, siempre se ha mostrado crítica del decreto de Macri y ayer se preocupó por salir al cruce de las versiones opositoras sobre una luz verde al crimen organizado para entrar a la Argentina.
En un comunicado difundido por Interior, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, resaltó que el artículo 29 inciso C de la Ley 25.871 que establece el veto a “quienes hayan sido condenados o estén cumpliendo condena en la Argentina, en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas” no se modificó.
Desde su llegada a la oficina, Carignano y su equipo han mantenido contacto con las organizaciones nucleadas en Agenda Migrante 2020 con el fin de recepcionar sus comentarios sobre el funcionamiento del sistema de regularización. Durante la pandemia, ha sido particularmente difícil la situación de muchos extranjeros que no calificaban para las ayudas sociales aunque se encontraran en situación regular. Migraciones intervino para solucionar muchas de esas falencias.
En paralelo, trabajan en reuniones periódicas con el Ministerio Público de la Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos en la elaboración de un protocolo que funcione como paraguas para los casos de mujeres con niños ya que una de las consecuencias más graves del decreto 70/2017 fue la división de familias. Esto trajo aparejado incluso duros cuestionamientos por parte de las Naciones Unidas, por atentar contra del derecho internacional a la reunificación familiar.
A propósito de esa situación, la Defensoria General de la Nación llegó a asistir a 125 casos de madres o abuelas con procesos de expulsión a partir del decreto en cuestión. De ellas, 107 correspondían a madres con hijos argentinos, 11 eran madres con hijos no argentinos y siete casos eran abuelas a cargo de sus nietos/as. En 32 de esos casos, se trataba de familias monoparentales y hasta víctimas de violencia doméstica. En ningún de ellos se había contemplado su situación a la hora de firmar la expulsión.
