Cristina Kirchner partió a El Calafate con un informe impreso de 184 páginas. La vicepresidenta dedicará las próximas semanas a analizar en detalle la información recogida por la Comisión Bicameral creada para controlar a los organismos de inteligencia, pero ya adelantó que de una primera lectura se desprende que durante el anterior gobierno existió una “sociedad” entre el ex presidente Mauricio Macri y el entonces titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, para avanzar en la “persecución política” a través de escuchas telefónicas.
Antes de viajar al Sur, la vicepresidenta hizo un balance positivo del cierre del año. Celebró la aprobación de la despenalización del aborto y felicitó a los tres legisladores en los que delegó la búsqueda de los votos para mostrar una “ley amplia”: Anabel Fernández Sagasti, Matías Rodríguez y Nancy González. “Quedó demostrado que más allá de todo lo que se dijo jugó un rol claro, fue una negociación intensa y reservada la que hizo. Es obvio que no se va a poner pañuelo verde ni brillos en la cara y que no es su agenda principal, pero hizo todo para que se apruebe”, dice uno de los dirigentes más cercanos a Kirchner.
Su agenda tiene que ver con dos ejes: el económico y el judicial. El mismo día en el que en el Senado se llevaba adelante el debate por la interrupción voluntaria del embarazo se reunió durante una hora con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. La charla giró en torno al rumbo de la economía: la vicepresidenta habló de los precios y los ingresos al tiempo que reconoció ante el diputado que le llamó la atención su discurso en el acto en La Plata que compartieron semanas atrás su planteo sobre la puja distributiva. “¿Qué ves?”, le preguntó. Ambos hicieron un análisis menos optimista de los próximos meses del que hacen en la Casa Rosada.
La UIF albertista acusa a Macri de ser el beneficiario último del espionaje ilegal
Un día después, recibieron el informe de la Comisión Bicameral de Control de los organismos de Inteligencia. Massa se llevó el documento reservado a Pinamar y Kirchner a El Calafate, adonde viajó ayer. Desde el miércoles, cuando recibió el documento que el Congreso había solicitado para fiscalizar el seguimiento de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), Cristina Kirchner marcó algunos párrafos con resaltador y pidió más precisiones.
Ahora analizará en detalle el documento, pero ya adelantó ante personas de máxima confianza que a lo largo de las 184 páginas se describen “una interminable cantidad de delitos en el uso de la inteligencia” entre los que responsabiliza al propio ex jefe de Estado Mauricio Macri y al entonces titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. El 9 de diciembre, en una de las cartas que la vicepresidenta escribió durante este año, ya había apuntado a los miembros del máximo tribunal, algo que, con este informe, promete seguir haciendo.
¿Qué hará entonces la vicepresidenta? Esperará un documento final más detallado en marzo mientras podría avanzar en causas penales y hasta en un pedido de juicio político al titular del máximo tribunal, en la mira de Cristina desde hace tiempo.
Cristina cree que durante el macrismo se usó el espionaje para perseguir a los opositores
La comisión analizó durante seis meses 20 causas en las que la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) intervino con escuchas telefónicas bajo la administración de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Entre estas causas, el informe se centró en tres casos: las llamadas entre Oscar Parrilli y Cristina Kirchner, las escuchas a los familiares de Santiago Maldonado, y las pinchaduras de los teléfonos públicos en el penal de Ezeiza para interceptar diálogos de ex funcionarios.
La doctrina Irurzun, Bonadio y Lorenzetti
Uno de los señalados en el informe, que fue firmado por los ocho miembros del Frente de Todos que integran la comisión pero que no fue apoyado por los legisladores de Juntos por el Cambio, es el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, quien fue titular de la DAJuDeCO desde que se creó. El documento que ya está en manos de CFK señala que este organismo, lejos de “ser una instancia de apoyo administrativo a pedido de los magistrados en determinadas causas, se transformó en una herramienta del máximo tribunal de Justicia de la Nación para supervisar la persecución penal del poder jurisdiccional”.
De acuerdo al trabajo de la Comisión Bicameral, Irurzun “entregó de manera indebida, regrabaciones de escuchas al doctor Claudio Bonadio para que este las incluya en una causa que nada tenía que ver con el origen de las mismas”. Pero además, se cuestiona también su designación como titular del nuevo organismo. “Hubo una serie de irregularidades en su nombramiento y que ni el organismo, ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación pudieron entregar a la Bicameral el acta de sorteo con la que se definió el cargo”. Es allí en donde la vicepresidenta apunta a Lorenzetti.
“A pocas horas de vencer su mandato, se prorrogó la designación de Irurzun”, marca el informe. Y se agrega: “Existieron graves irregularidades en la formación de las comisiones evaluadoras que debían nombrar a los peritos del Poder Judicial especializados en Casos de Corrupción y en Delitos contra la Administración Pública. Algunas de esas designaciones fueron a la sola firma del entonces presidente de la Corte Suprema, doctor Ricardo Lorenzetti”.
En el entorno de Cristina Kirchner aseguran que la DAJuDeCO “se creó para hacer espionaje” y señalan como culpables no solo a los titulares de la AFI en aquel entonces. La vicepresidenta buscará después del verano que la responsabilidad llegue a los miembros de la Corte pero también al ex presidente Macri.
RA
