El ex ministro de Planificación, Julio De Vido, volvió a sufrir un revés en su intento de salir de la cárcel de Marcos Paz, donde está detenido desde hace casi siete meses. Fue luego de que el juez federal Luis Rodríguez rechazara un nuevo pedido de excarcelación presentado por su defensa, en el marco de la causa por los desmanejos en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). En su resolución, Rodríguez sostuvo que la prisión preventiva del ex ministro está firme, porque luego de haber sido dispuesta en primera instancia, fue confirmada por la cámara.
De Vido está detenido desde el 25 de octubre. Su detención se produjo por orden del juez Claudio Bonadio, en el marco de una causa por administración fraudulenta en la compra de buques de Gas Natural Licuado (GNL). Luego de esa detención, Rodríguez lo procesó con prisión preventiva por administración fraudulenta, en este expediente, por lo que a pesar de haber sido excarcelado en el primer caso, siguió preso. Tanto su procesamiento como la prisión preventiva en el expediente de YCRT fueron confirmadas por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones.
Los comienzos del caso fueron revelados por PERFIL, en mayo de 2016, e involucran los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación, defraudación y negociaciones incompatibles.
Como se reveló entonces, cada vez que el yacimiento necesitaba comprar insumos, maquinarias, cañerías o realizar obras, el ministerio de De Vido enviaba los fondos millonarios y ordenaba a Yacimientos pagar las sumas. Muchos de esos fondos no se canalizaban directamente sino a través de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y sus regionales en Río Gallegos, La Plata, San Nicolás y Avellaneda, encareciendo los costos en un 21%.
En esa operatoria, primero se hacía un contrato marco para la totalidad del proyecto, como sucedió por ejemplo con el Tren Turístico, una de las desventuras millonarias. Luego se hacían varios contratos específicos entre la UTN y su fundación para “fraccionar las compras” y evitar la licitación pública en busca del mejor oferente. A cambio de sus servicios, la UTN y su Fundación se quedaban con el 21 % de los fondos por “gastos administrativos”.
A comienzos de este año, cuando el juez confirmó los procesamientos, confirmó lo revelado por la investigación al sostener que: "El convenio celebrado en el año 2008 YCRT y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) fue el instrumento legal fundamental a través del cual se orquestó la maniobra defraudatoria, que excediendo y explotando al máximo ese instrumento implicó un claro perjuicio al patrimonio estatal".
