La Oficina Anticorrupción (OA) determinó un nuevo caso de presunto conflicto de intereses de la gestión de Cambiemos relacionado con el entonces presidente de Aysa, la empresa pública de aguas. En el organismo de control aseguran que aún tienen alrededor de 130 expedientes de este tipo que quedaron pendientes de resolución durante el último gobierno, según informó una fuente directa de la OA.
El ingeniero sanitarista José Luis Inglese presidió Aysa entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. Su caso data de 2017 y quedó pendiente de la gestión de Laura Alonso, ex titular de la OA. La nueva gestión concluyó que Inglese “incurrió en una situación de conflicto de intereses”, en infracción a la Ley de Ética Pública, según la última resolución a la que accedió PERFIL. Inglese negó estos cargos ante la consulta de este medio.
La OA acusa a Inglese de haber permanecido como presidente de su empresa privada, Inglese Consultores SA, aún después de haber asumido como presidente de la empresa pública de aguas, lo cual, según la legislación, es incompatible. La consultora del ahora ex funcionario se dedica a asesorar en saneamiento y medio ambiente en casos que muchas veces están directamente relacionados con obras, proveedores y compañías que requieren autorizaciones de Aysa para operar o le prestan servicio, según la OA.
Conflictos. En su última resolución, la OA determinó que “ciertos clientes (privados) de la consultora del ingeniero Inglese fueron contratados por Aysa (habían participado en una licitación pública, dos contrataciones directas y un concurso privado)”.
Ante la consulta de PERFIL, Inglese respondió que cuando lo convocaron para presidir Aysa consultó con el entonces secretario de Obras Públicas, Daniel Chaín, sobre si debía o no renunciar a su consultora. “La respuesta que recibí fue que tanto Aysa como mi consultora se rigen por la ley de sociedades anónimas y empresas privadas, y que por eso no era necesario que renunciara a mi cargo en la compañía”, dijo Inglese. Por eso, dijo, “en mi primera declaración jurada dije que mantenía la participación accionaria y mi cargo como presidente en la consultora. Nunca lo oculté”.
“Durante ese período, además, la consultora no prestó servicios a ningún organismo del Estado nacional o provincial, sólo siguió trabajando con clientes privados”, agregó Inglese.
Recién en 2018, la gestión de Alonso le señaló al entonces presidente de Aysa que debía renunciar a su cargo privado. “Semanas después de la notificación de la OA, renuncié a la presidencia de mi empresa para evitar cualquier conflicto que se supusiera, pero no había conflicto de intereses porque las decisiones con respecto a esas empresas no pasaban por mí”, afirmó Inglese. El expediente sobre este caso quedó abierto para analizar si existieron otras irregularidades.
Auditoría. Durante la gestión de Alonso, la OA pidió una auditoría a la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que tiene participación en Aysa a través de síndicos. La Sigen sostuvo que sólo una empresa fue cliente de la consultora de Inglese al mismo tiempo que era proveedora de Aysa. El resto habían sido clientas de la consultora en el pasado. “No constituyen suficiente indicio de que se haya tratado de una maniobra de triangulación para canalizar recursos desde la empresa de participación estatal dirigida por el ingeniero Inglese hacia su empresa privada”, determinó la Sigen.
Pero a su vez, el informe de auditoría “da cuenta de trámites ante Aysa realizados por clientes de Inglese Consultores”, dice la gestión actual de la OA, relacionados con la realización de cinco estudios de factibilidad de provisión de agua y cloaca, y 54 estudios de factibilidad hidráulica de vuelco.
La Sigen señaló que el nombrado “no participó de los procedimientos de toma de decisión de los respectivos trámites, ni de los de provisión de bienes o servicios, ni de los regulatorios sobre factibilidad de vuelco y de agua y desagües cloacales”. “La Sigen revisó la facturación y concluyó que ninguna de las empresas clientes de la consultora eran proveedores de Aysa o tenían que ver con trabajos de Aysa”, respondió Inglese ante la consultora.
El organismo remitió el caso a la subsecretaría de Investigaciones Anticorrupción para que intervenga, según el escrito al que accedió este medio. En la OA sostienen que el caso de Inglese es uno más de los tantos que quedaron abiertos, sin resolución, tras la gestión de Alonso en el organismo.
130 expedientes sin resolver
Según uno de los funcionarios que ahora interviene en este tipo de investigaciones internas, la nueva gestión, a cargo de Félix Crous, se encontró con una “matriz de comportamiento” de decenas de ex funcionarios de Cambiemos que buscaron cómo “escapar de la Ley de Ética Pública”, especialmente en los casos de quienes provenían del ámbito privado y cuyos roles generaban conflictos de intereses.
Durante esos años, según la gestión actual, la OA abrió alrededor de 130 expedientes que quedaron abiertos o se resolvieron, en algunos casos, casi al final del gobierno de Macri, cuando los funcionarios estaban con un pie afuera de sus cargos. “En la práctica, eso evitó las sanciones correspondientes”, concluyó la fuente consultada. PERFIL consultó a Alonso para conocer su posición sobre estas críticas pero no recibió respuesta.
