Ante una Plaza de Mayo vacía debido a la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, las agrupaciones de derechos humanos conmemoraron este martes 24 de marzo el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia a distancia y sin las tradicionales movilizaciones. Por eso, difundieron un documento, en el que respaldaron la reforma judicial que impulsa el Gobierno, repudiaron el lawfare y pidieron por la "libertad de los presos políticos".
Debido a las medidas de prevención por el coronavirus, Abuelas de Plaza de Mayo, juntos a Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS, Familiares de Desaparecidos y el CELS, entre otros organismos, difundieron por las redes sociales un video en el que se leyó el tradicional documento.
En el texto, estos organismos apoyaron la reforma judicial que busca implementar el Gobierno, que aún se encuentra abocado a la creación del proyecto, y pideron por la "libertad de los presos políticos" que le atribuyen a la anterior gestión de Mauricio Macri.
Este colectivo además convocó a un "pañuelazo blanco", para compartir en redes sociales fotos de pañuelos de ese color colocados en balcones, puertas o ventanas, utilizando las etiquetas #PañuelosConMemoria #24M #44AñosDelGolpe #Son30000 #MemoriaVerdadYJusticia, entre otros.
"Hoy entendemos como indispensable, la reforma del Poder Judicial, que grarantice la realización de todos los juicios por crímenes de lesa humanidad. La demora es impunidad porque lo que no se juzga hoy no se podrá juzgar mañana", indicaron en el texto.
Además, respaldaron la teoría del lawfare que denuncia el kirchnerismo, al señalar que "el armado de causas se desplegó contra quienes se animaron a enfrentar al neoliberalismo" y que "se utilizaron todos los resortes del Estado para intentar someter a quienes se opusieron a las políticas de saqueo y hambre de millones de argentinos y argentinas, que nos impuso el gobierno macrista".
"Este 24 de marzo no nos encuentra en Plaza de Mayo como cada año, ni en las demás plazas del país, debido a las medidas de prevención por la emergencia sanitaria para el cuidado de la salud de la población, pero sí hemos generado durante todo este día acciones para sostener la Memoria", destacaron las organizaciones de derechos humanos. Luego, indicó: "Con los 30.000 como bandera, los pueblos tenemos memoria. La Patria exige Verdad y Justicia. Libertad a los presos políticos".
En varios párrafos criticaron duramente al gobierno anterior, y al respecto, señalaron que "ese país que tuvimos con Macri benefició a genocidas, mientras persiguió y encarceló a militantes y referentes de la oposición".
También sostuvieron que "la impunidad es inaceptable para la sociedad argentina, lo hemos demostrado incansablemente durante estos cuatro años del Gobierno de Mauricio Macri ante las acciones negacionistas, el debilitamiento de las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia, y frente al intento de implementar el beneficio del 2x1 a los genocidas".
"No conformar tribunales, hacer audiencias con poca frecuencia y duración, no es trabajar para la justicia, es poner al Poder Judicial al servicio de la impunidad. Por eso, hoy entendemos como indispensable, la reforma del Poder Judicial, que grarantice la realización de todos los juicios por crímenes de lesa humanidad", plamtearon.
Y agregaron: "En su discurso del 1º de marzo, en ocasión de la apertura de las sesiones legislativas, el presidente Alberto Fernández habló de la necesidad de imprimir celeridad a los juicios de lesa. Pues el Poder Legislativo también tiene tarea en este tema discutiendo las herramientas legales que permitan esa aceleración".
Asimismo, denunciaron que "la forma actual de intervención de los EE.UU. en la región es a través del lawfare que en nuestro país impulsó el gobierno de Mauricio Macri de la Alianza Cambiemos, con parte del Poder Judicial, de la Agencia Federal de Investigaciones y los medios concentrados de comunicación, que prepararon a la opinión pública para que legitimara el permanente deterioro del Estado de Derecho".
"El armado de causas se desplegó contra quienes se animaron a enfrentar al neoliberalismo. Se utilizaron todos los resortes del Estado para intentar someter a quienes se opusieron a las políticas de saqueo y hambre de millones de argentinos y argentinas, que nos impuso el gobierno macrista", añadió.
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia tuvo su propio documento. Por su parte, las organizaciones del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, vinvuladas a partidos de izquierda, ratificaron su pedido de que los genocidas cumplan "cárcel común, perpetua y efectiva", advirtieron que no dan "vuelta la página" y pidieron que el Gobierno destine el monto de la deuda externa "a fortalecer la salud pública".
Las Madres de Bonafini también hicieron sus actividades. La Asociación Madres de Plaza de Mayo, con Hebe de Bonafini a la cabeza, también realizó este martes una serie de eventos por los canales que la entidad posee en las redes sociales Facebook y Youtube en conmemoración de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Alberto Fernández y Cristina Kirchner recordaron el Día de la Memoria en cuarentena
El texto completo del discurso de los organismos de derechos humanos este 24 de marzo del 2020
Este 24 de marzo no nos encuentra en Plaza de Mayo como cada año, ni en las demás plazas del país, debido a las medidas de prevención por la emergencia sanitaria para el cuidado de la salud de la población, pero sí hemos generado durante todo este día acciones para sostener la Memoria. En esta nueva conmemoración del Golpe genocida del 24 de marzo de 1976 recordamos a las y los 30.000 detenidos-desaparecidos, a las 10.000 presas y presos políticos; a los miles de exiliados y sobrevivientes; y reivindicamos sus luchas en organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas.
CON LOS Y LAS 30.000 COMO BANDERA, LOS PUEBLOS TENEMOS MEMORIA. LA PATRIA EXIGE VERDAD Y JUSTICIA. LIBERTAD A LAS Y LOS PRESOS POLÍTICOS
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas tomaron el poder derrocando al Gobierno constitucional en forma violenta, destituyendo así a las autoridades elegidas democráticamente. En pocos días, la Presidenta fue detenida, se disolvió el Congreso y se sustituyó por una Comisión de Asuntos Legislativos. Se destituyó a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, reemplazándolos por otros, que juraron cumplir con el Estatuto y los objetivos del “Proceso de Reorganización Nacional”.
Las Fuerzas militares, policiales y parapoliciales venían desarrollando desde inicios de la década del ‘70 acciones ilegales: asesinatos selectivos, masacres, colocación de explosivos y amedrentamiento, frente a la amplia movilización y organización social. Parte de ese accionar se concentró en la Triple A. Luego del Golpe de Estado, comenzó un plan sistemático de persecución y eliminación de toda la oposición política y de implementación de un modelo social, institucional y económico con alto grado de pobreza, injusticia y autoritarismo. Este plan represivo fue planificado a niveles de las máximas autoridades, pero ejecutado a través de todas las jerarquías militares y con la participación de todas las instituciones de gestión estatal y empresarial, como así también la cúpula de la Iglesia y la corporación judicial.
El principal método represivo fue la desaparición forzada de personas con más de 700 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, miles de asesinatos, presos políticos, la apropiación de menores, los crímenes sexuales, la proscripción política, el exilio y el robo de bienes.
Fueron 30.000 personas detenidas-desaparecidas que lucharon por otro país. Reivindicamos todas sus luchas, que formaron parte de la militancia como herramienta de transformación de la realidad en organizaciones del Peronismo Revolucionario, como Montoneros, la FAP, o el movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo; la tradición guevarista del PRT; y las tradiciones socialistas y comunistas: Partido Comunista, Vanguardia Comunista y PCR, por nombrar sólo a algunas de las tantas organizaciones y espacios de participación política, sindical, estudiantil y social, luchando por ideales de libertad, igualdad, solidaridad y justicia social.
En ese marco, se implementó el Plan Cóndor: la acción conjunta criminal de las dictaduras de Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina.
Los delitos cometidos en la Argentina se reconocen a nivel internacional como de lesa humanidad y genocidio. Esto significa que son crímenes sufridos no sólo por las víctimas directas y sus familiares, sino que dañan a toda la humanidad, por lo cual los Estados tienen la obligación de investigarlos y juzgarlos y no pueden quedar impunes. Por eso, hasta hoy continúan las denuncias y los juicios que permiten conocer Verdad, hacer Justicia y construir Memoria.
Los organismos de derechos humanos que surgieron en la Argentina a partir del Golpe de Estado y los que existían desde antes, no son producto de hechos aislados, sino una muestra de que la lucha puede más que las aberraciones, perversiones, torturas, flagelos y asesinatos que generó la peor de las dictaduras que ha conocido el país.
De ese genocidio surgió la fuerza que llevó a los Familiares, las Madres, las Abuelas, los Hijos e Hijas, los sobrevivientes y a todos los organismos de derechos humanos a no rendirse ante el miedo, a no olvidar, a seguir la búsqueda de la Verdad, de la Justicia y a luchar por la Memoria.
La búsqueda de las nietas y nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar es cada vez más urgente. Llevamos resueltos 130 casos, pero aún falta encontrar a más de 300. Son más de 300 hombres y mujeres que viven con su identidad falseada y más de trescientas familias que hace 44 años los estamos buscando. Son las y los desaparecidos con vida y son la deuda de la democracia. Por más de cuarenta años, desarrollamos las más diversas estrategias de búsqueda, primero en soledad y luego con el acompañamiento del Estado y de gran parte de la sociedad. No obstante, cada año que pasa resulta más difícil encontrarlos y muchas Abuelas se han ido sin poder abrazarlos. Por eso es importante el rol de la sociedad para contribuir con la restitución de las nietas y nietos que faltan.
Necesitamos que todas y todos nos comprometamos a apoyar el difícil proceso de quienes están frente a una duda sobre su identidad y también que quien tenga un dato sobre alguna posible apropiación, se anime a decirlo. Quien carece de la información no tiene la libertad para decidir. Muchas de las últimas restituciones fueron fruto de la colaboración de alguien que le dijo a un nieto o nieta que no era hijo de quienes creía. Ese nieto o nieta no dudó ni un segundo qué hacer cuando le contaron que no era hijo de quienes lo criaron y se dirigió a Abuelas para confirmar o desestimar si una familia lo estaba buscando. Por eso es fundamental que quien sepa algo no se lo guarde. A quienes dudan en acercarse, les decimos que el momento es ahora, que pueden encontrar el abrazo reparador de los familiares que los buscan hace más de 40 años.
Sabemos que los que tienen toda la información sobre el paradero de los nietos y las nietas son los genocidas, pero no dicen dónde están. A más de 36 años de recuperada la democracia los responsables de los crímenes más atroces –incluida la sustracción, ocultamiento y apropiación de menores–, siguen callando la verdad sobre las y los detenidos-desaparecidos y sus hijas e hijos. Los pactos de silencio de estos criminales parecen inquebrantables, pero desde la sociedad podemos romperlos.
En estos últimos cuatro años hemos visto disminuir el promedio de restituciones, a la vez que, con profundo dolor, debimos despedir a decenas de compañeras que partieron sin encontrar a sus nietos y nietas. Es tiempo de contribuir a cerrar esta herida. Por eso, si creés que podés ser hijo o hija de desaparecidos, o conocés a alguien que podría serlo, no dudes en acercarte a Abuelas.
Llevamos más de 14 años de juicios por los crímenes contra la humanidad, procesos judiciales que en muchos casos empiezan a reconocer que nuestro país sufrió su segundo genocidio. Para llegar a estos juicios hubo que recorrer un largo camino de impunidades, pero jamás bajamos los brazos. No ha sido fácil y sabemos que a estos juicios los sostenemos colectivamente con sobrevivientes, familiares y quienes aportan testimonios en las salas de audiencias de todo el país para narrar las más tremendas atrocidades ante quienes deben impartir justicia.
A 44 años del golpe genocida, siguen los juicios en todo el país con casi mil condenados en más de 200 juicios realizados. Logros que nos comprometen aún más con la búsqueda de Verdad y Justicia por las y los 30.000 y por todo nuestro pueblo. Pero el tiempo pasa y el ciclo de la vida va marcando partidas: las nuestras y las de los genocidas. JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES ha sido nuestra guía y necesitamos avanzar con mayor celeridad en este proceso. No conformar tribunales, hacer audiencias con poca frecuencia y duración, no es trabajar para la justicia, es poner al Poder Judicial al servicio de la impunidad. Por eso, hoy entendemos como indispensable, la reforma del Poder Judicial, que grarantice la realización de todos los juicios por crímenes de lesa humanidad. LA DEMORA ES IMPUNIDAD porque LO QUE NO SE JUZGA HOY NO SE PODRÁ JUZGAR MAÑANA.
En su discurso del 1º de marzo, en ocasión de la apertura de las sesiones legislativas, el Presidente Alberto Fernández habló de la necesidad de imprimir celeridad a los juicios de lesa. Pues el Poder Legislativo también tiene tarea en este tema discutiendo las herramientas legales que permitan esa aceleración. Los juicios de lesa humanidad son política de Estado, por lo cual todos los poderes del mismo se deben comprometer con ese objetivo.
Pero además de acelerar los juicios que hay en curso necesitamos avanzar sobre las responsabilidades que no fueron juzgadas todavía. Las desapariciones y muertes fueron ejecutadas por las Fuerzas Armadas, pero los grandes beneficiados fueron los grupos de poder concentrados que planificaron la miseria, como ya lo adelantaba Rodolfo Walsh en su carta abierta a las Juntas Militares de 1977. Empresas que participaron activamente en la represión entregando listados de trabajadores a los militares o incluso, como se demostró en el juicio contra la empresa Ford de 2018, que permitieron el funcionamiento de campos de concentración en sus plantas. Las grandes empresas fueron los mayores beneficiados con el genocidio tanto con el disciplinamiento de los trabajadores como con las grandes ventajas económicas obtenidas. Como hemos denunciado, en los últimos cuatro años se cerraron las distintas dependencias del Estado encargadas de investigar a quienes se beneficiaron con el genocidio y es hora de reactivar esas políticas públicas. Es necesario también avanzar en la apertura y desclasificación de todos los archivos nacionales, internacionales y de la iglesia.
Otra de las deudas de la democracia es hacer justicia por las violaciones a los derechos humanos sufridas por nuestros soldados en la guerra de Malvinas a mano de los genocidas. Igual que en los campos de concentración en todo el país, los sobrevivientes de la guerra dan testimonio de las torturas y vejaciones a las que fueron sometidos. Este año se logró un gran avance sobre una causa histórica y fueron procesados responsables de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la guerra por las Malvinas. Un paso muy importante para seguir avanzando en Memoria, Verdad y Justicia.
La impunidad es inaceptable para la sociedad argentina, lo hemos demostrado incansablemente durante estos cuatro años del Gobierno de Mauricio Macri ante las acciones negacionistas, el debilitamiento de las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia, y frente al intento de implementar el beneficio del 2x1 a los genocidas.
A pesar de la resistencia, desde 2015 se duplicó la cantidad de genocidas libres y han aumentado las prisiones domiciliarias. Todavía existen casi 90 genocidas que viven en la cárcel vip de Campo de Mayo, mientras hay presos comunes hacinados en las cárceles de todo el territorio argentino. Así de absurdo, en Campo de Mayo, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención del Ejército, los genocidas pasan sus días de arresto al cuidado de sus subalternos. Debemos terminar con ese privilegio: el único lugar para cumplir las condenas es la cárcel común.
Estos sitios contienen pruebas de los delitos cometidos por los dictadores y sus cómplices, y deben ser preservados como prueba de los crímenes. Es por eso que celebramos la decisión anunciada por el Presidente Alberto Fernández: Campo de Mayo será un Espacio de Memoria. Ese centro clandestino, donde se secuestró, torturó y desapareció a más de 5.000 víctimas, y donde además se robaron a cientos de bebés, recibirá en un futuro próximo a las nuevas generaciones que conocerán los delitos allí cometidos en el marco de la dictadura cívico-militar. En esta fecha, le solicitamos al Presidente Fernández que derogue el decreto del Gobierno anterior sobre la Creación de la Reserva Ambiental de la Defensa en Campo de Mayo, una ofensa para la memoria colectiva.
Ese país que tuvimos con Macri benefició a genocidas, mientras persiguió y encarceló a militantes y referentes de la oposición.
La forma actual de intervención de los EE.UU. en la región es a través del lawfare que en nuestro país impulsó el gobierno de Mauricio Macri de la Alianza Cambiemos, con parte del Poder Judicial, de la Agencia Federal de Investigaciones y los medios concentrados de comunicación, que prepararon a la opinión pública para que legitimara el permanente deterioro del Estado de Derecho.
El armado de causas se desplegó contra quienes se animaron a enfrentar al neoliberalismo. Se utilizaron todos los resortes del Estado para intentar someter a quienes se opusieron a las políticas de saqueo y hambre de millones de argentinos y argentinas, que nos impuso el gobierno macrista. La persecución judicial y política se inició en la provincia de Jujuy con la detención de Milagro Sala y sus compañeros de la Tupac Amaru pero siguió en todo el país con la persecución a dirigentes y dirigentas políticas, sociales, empresariales y gremiales; referentes de los pueblos originarios o de distintas organizaciones sociales; ex funcionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, con especial saña para con la actual Vicepresidenta y su familia. Todos fueron objeto de hostigamiento y persecución, lo que le sumó al lawfare argentino un carácter mafioso.
Las comunidades originarias sufrieron particularmente estos procesos represivos. La estigmatización a los pueblos originarios, la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel y el encarcelamiento de los referentes comunitarios fue una práctica sistemática del ministerio a cargo de Patricia Bullrich.
Son muchos los presos y presas víctimas de este accionar que se encuentran encarceladas por razones políticas. Con causas armadas, abuso de las prisiones preventivas, teorías absurdas para justificar lo injustificable, los mantienen cautivos muchas veces en condiciones deplorables y sin atender a sus necesidades médicas. La Corte Suprema de Justicia y las Cámaras federales tienen la responsabilidad de no demorarse más. Deben reparar lo que hasta hace muy poco muchos de sus integrantes ayudaron a materializar, violentando todas las normas internas y la legislación internacional incorporada a la Constitución Nacional.
Como lo ha propuesto el Presidente de la Nación Alberto Fernández, se impone avanzar en una profunda reforma del sistema de justicia que nos encontrará acompañando y aportando para tener la justicia que nuestro pueblo demanda.
Por eso reclamamos con toda nuestra voz NUNCA MÁS presos y presas políticas y NUNCA MÁS LAWFARE en la Argentina y en nuestra región.
En este último tiempo hemos visto el avance de nuevas formas de ataque a los gobiernos populares. Por eso, una vez más, repudiamos enérgicamente el Golpe de Estado cometido en Bolivia, como así también la vulneración de derechos en ese país hermano, esperando que la recuperación de la democracia ocurra de manera urgente. Toda nuestra solidaridad con el pueblo boliviano y su legítimo presidente Evo Morales.
Abrazamos al pueblo de Chile en lucha y resistencia, y repudiamos la represión y militarización del Gobierno de Sebastián Piñera. Nuevamente, lo instamos a resolver los conflictos por la vía del diálogo y la paz ante un pueblo que se pronuncia en defensa de sus derechos.
En nuestro país y el mundo hay una revolución que pide a fuerza de calles y lucha que se terminen las violencias contra las mujeres y diversidades. Que paren de matarnos. Que la violencia machista y patriarcal tengan su punto final. Es también tiempo de escuchar las voces de tantas mujeres que a diario sufren las consecuencias de prácticas clandestinas de interrupción del embarazo por no poder decidir libremente sobre sus cuerpos. Decidir sobre nuestros cuerpos no es un privilegio, es un derecho. Por eso, para cuidar tanto la salud como la libertad, este reclamo debe ser atendido con urgencia.
Los organismos de derechos humanos nos sumamos al reclamo de las mujeres y gritamos con ellas:
EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR. ¡QUE SEA LEY!
La Argentina se está recuperando de un gobierno que dejó al país en la miseria, con un endeudamiento insostenible, con desocupación y hambre, persecución judicial y con retrocesos en materia de justicia por los crímenes de lesa humanidad. Fueron años de resistencia y lucha para defender nuestros derechos. Parte de esas políticas persisten hoy en la Ciudad de Buenos Aires, con la continuidad de la misma fuerza gobernante, bajo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, caracterizada por el desprecio por la salud y la educación pública y la represión a la protesta social, que incluye la decisión de usar picanas portátiles, medida que hemos denunciado en el país y el exterior.
Esta etapa de la Patria necesita el apoyo de todo el pueblo para salir adelante. Necesita que la solidaridad sea nuestra bandera. Necesita que le tendamos la mano a quienes menos tienen, a los más vulnerados, a los que se encuentran más frágiles frente a la situación que estamos viviendo. Con políticas de Estado, solidaridad y compromiso podremos volver a tener la justicia de un plato de comida en la casa, de un trabajo digno, con las fábricas funcionando, con acceso igualitario a la salud y la educación, con inclusión y libertad.
Hoy estamos en nuestras casas, pero luchando y reivindicando a las y los 30.000. Siguiendo sus ejemplos de estar donde se necesita, de denunciar lo injusto, de abrazar a la Patria, de debatir la realidad para cambiarla, de organizarse ante quienes atacan a los pueblos, de poner a lo colectivo por delante de todo. Levantamos los pañuelos blancos que buscaron a las y los 30 mil desaparecidos, que se enfrentaron a la dictadura, que reclamaron Memoria, Verdad y Justicia, que resistieron al neoliberalismo, que se hicieron pueblada en el 2001. Los pañuelos blancos que reabrieron los juicios, construyeron sitios de memoria, acompañaron las luchas de los trabajadores, resistieron el negacionismo de Macri. Los pañuelos que nos enseñan que no debemos ser indiferentes jamás.
El mundo atraviesa tiempos difíciles. Por eso hoy no estamos en las plazas como cada 24 de marzo. Pero estamos en unidad para salir adelante. Estamos levantando la bandera de la solidaridad como herramienta colectiva. De eso se trata. De seguir el ejemplo de 30.000 luchas que tenemos presentes en cada paso de nuestra historia. Fuerza, Argentina.
CON LOS Y LAS 30.000 COMO BANDERA, LOS PUEBLOS TENEMOS MEMORIA. LA PATRIA EXIGE VERDAD Y JUSTICIA. LIBERTAD A LAS Y LOS PRESOS POLÍTICOS
¡RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS NIETOS Y NIETAS!
¡JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y PARTÍCIPES CIVILES!
¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!
¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!
¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!
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