Córdoba.- El Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba dará a conocer hoy su sentencia en el primer juicio por la represión ilegal de la dictadura que se realiza en Córdoba, en el cual el principal acusado es el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, para quien la querella y la fiscalía pidieron prisión perpetua.
Menéndez, los ex militares Hermes Rodríguez, Jorge Acosta, Luis Manzanelli, Carlos Vega, Carlos Díaz y Oreste Padován y el ex agente civil de inteligencia Ricardo Lardone podrán hacer uso del derecho a hablar antes de que los jueces resuelvan sobre los pedidos de prisión perpetua que pesan sobre cinco de ellos, y de penas de entre 18 y 25 años para los otros tres.
La audiencia fue convocada a las 9.30 y fuentes de tribunales dijeron a DyN que se esperan las presencias del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, y de las titulares de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, y de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Bonafini. El TOF 1 presidido por Jaime Díaz Gavier escuchará a los imputados por los secuestros, torturas y asesinatos de Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Cardozo, ocurridos en 1977, y pasará a un cuarto intermedio "de unas cuatro horas", según las fuentes, antes de la sentencia.
Durante las jornadas del juicio declararon numerosos sobrevivientes de la dictadura, que comprometieron a los acusados.
El fiscal Maximiliano Hairabedian reclamó perpetua para Menéndez, Manzanelli, Díaz y Padován y Lardone, acusados todos ellos de privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y homicidios agravados, mientras que para Acosta y Rodríguez pidió 22 años de prisión y para Vega 18 años por no vincularlos con los asesinatos de los cuatro militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
En tanto, los abogados de la querella de Hijos-Familiares, Claudio Orosz y Martín Fresneda, y el letrado Mauro Ompré pidieron perpetua para los mismos imputados que los fiscales pero solicitaron 25 años para Vega, Rodríguez y Acosta. Además, las dos querellas reclamaron que, de haber condena, las penas se cumplan en cárceles comunes y no en dependencias del Ejército o con el beneficio del arresto domiciliario.
Mientras, los defensores oficiales Mercedes Crespi y Máximo Liva denunciaron "inseguridad jurídica", cuestionaron la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, reivindicando las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y aseguraron que no hay pruebas concretas de la participación de los acusados en los crímenes. Entonces solicitaron "la invalidez de toda la prueba testimonial" por considerar que los testigos no fueron neutrales ni imparciales y que no se podía inculpar a los acusados. Pero además se ocuparon de tratar de evitar, ante una posible condena, la cárcel común o la pérdida del arresto domiciliario.
Estos planteos estuvieron referidos a Menéndez, Rodríguez, Manzanelli, Vega, Díaz, Padován y Lardone. "Las cárceles no deben ser para castigo (...), por lo tanto las penas no deben ser para castigo", dijo Liva. Los abogados particulares Jorge Agüero y Alejandro Cuestas Garzón, que patrocinan al acusado Acosta, ex jefe operativo de "La Perla", pidieron la absolución del imputado "por no haber cometido los hechos por los que vino acusado".
A fines de mayo, Menéndez se negó a declarar ante los jueces, pero hizo un alegato de fuerte contenido político. En ese sentido afirmó que el juicio al que es sometido es "inconstitucional", pero asumió su responsabilidad por las acciones de "la guerra contrarrevolucionaria" para "enfrentar y vencer al terrorismo marxista" y a "terroristas subversivos" que, según afirmó, "no abandonaron la lucha política" y ahora "usan las instituciones para juzgarnos a quienes defendimos la patria". Organismos de derechos humanos estiman que en las afueras de tribunales mañana habrá centenares de personas siguiendo las instancias decisivas del juicio a través de pantallas gigantes.
Fuente: DYN