La Justicia ordenó este martes la inhibición general de bienes de Alberto Fernández y también exigió, por disposición del juez Julián Ercolini, que se levante su secreto fiscal y bancario en el contexto de la causa que investiga maniobras supuestamente fraudulentas en la contratación de seguros de organismos oficiales.
La medida en cuestión se extiende sobre otros empresario y ex funcionarios de Nación Seguros, implicados en el escándalo de los seguros durante el mandato del ex presidente Fernández.
A pocos días de la salida del ex titular de Nación Seguros, Mauro Tanos, el juez Ercolini dispuso la inhibición general de bienes del ex mandatario, en la causa que investiga una supuesta red de contrataciones millonarias, mediante la cual brokers privados se habrían quedado con cuantiosas sumas de dinero.
El magistrado encabeza la investigación de presuntas irregularidades surgida en torno al Decreto 823/2021, mediante el cual el ex mandatario impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa Nación Seguros SA, por los cuales se pagaron alrededor de $3.400 millones de comisiones.
La medida alcanza a empresarios y ex funcionarios de Nación Seguros
Además, el juez ordenó la inhibición general del ex gerente de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la secretaria del ex presidente, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri y San Germán, entre otras organizaciones vinculadas al supuesto esquema fraudulento.
La inhibición también alcanzó a dos ex funcionarios de Nación Seguros, que habían sido despedidos recientemente: Mauro Tanos, un ex integrante de La Cámpora promovido por el actual Gobierno a gerente general, y Marcos Eufemio, quien se desempeñaba como gerente de compras.
A su vez, quedaron involucradas las dos cooperativas allanadas la semana pasada: 7 de mayo e Irigoin.
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En función de las recientes medidas, ninguno de los implicados en la inhibición podrán vender o disponer de sus bienes.
Además, Ercolini le solicitó a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradas anuales (públicas y privadas) de Alberto Fernández, Pagliano, y María Cantero desde 2009 a la fecha. Lo mismo requirió sobre Tanos y Eufemio.
El pedido lo había solicitado Carlos Rívolo, titular de la Fiscalía Federal número 6, y este martes el Juzgado Criminal y Correccional federal 11 avaló las actuaciones y autorizó la "inhibición general de bienes respecto de las personas físicas y jurídicas" detrás del escándalo de los "brokers".
La denuncia surgió a partir de una auditoría realizada por el gobierno de Javier Milei, que detectó irregularidades en el organismo público vinculadas a las intermediaciones en los seguros del ANSES y otros organismos durante la gestión de Alberto Fernández, finalizada en diciembre último.
CA/GI
