POLITICA
SESION EL JUEVES

Diputados tratará un proyecto para impedir la esterilización forzada en discapacitados

La Cámara baja debatirá un texto que modifica el régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica.

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La Cámara de Diputados tratará este jueves en sesión especial un proyecto que modifica la Ley 26.130 de régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica, en los artículos referidos a personas con discapacidad. 

Se trata de una iniciativa que apunta a impedir las denominadas "esterilizaciones forzadas" en aquellas personas que posean algún tipo de discapacidad, a través de métodos como la ligadura de trompas o la vasectomía, y requiere de un "consentimiento informado" para poder llevar adelante la práctica. Es decir que la persona deberá prestar su aval a la realización de la intervención. 

"Todas las personas con discapacidad, sin excepción, tienen derecho a brindar su consentimiento informado para acceder a intervenciones de contracepción quirúrgica, por sí mismas y en igualdad de condiciones con las demás personas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la presente ley. En ningún caso se requiere autorización judicial", señala el artículo 3 de la nueva ley.

 

Al respecto, la diputada de Juntos por el Cambio por Jujuy Gabriela Burgos indicó que "es muy importante incorporar el consentimiento de la persona para cualquier intervención que se le deba realizar. Había que modificar la legislación", admitió la legisladora.

"Suena medio fuerte que una persona con discapacidad tenga que ser considerada sujeto de derecho puesto que la base de persona humana lo hace sujeto de derecho, pero está enfocado en la importancia del consentimiento en aquellas personas que lo pueden expresar y tener conocimiento del trámite o de la intervención que se le quiera hacer", explicó Burgos.

"La idea de que se actuaba en nombre de 'la persona incapaz' sin siquiera consultarla no es más una opción legal", dice el proyecto en sus fundamentos.

La ley fue aprobada en 2006 y tenía como principal objetivo garantizar el derecho de las mujeres y hombres a encarar prácticas quirúrgicas para impedir la concepción sin otro requerimiento que el debido consentimiento. 

A 15 años de esa aprobación, el Congreso avanza ahora en una nueva instancia que también aclara que "si se tratara de una persona con capacidad restringida por sentencia judicial y la misma no refiere al ejercicio del derecho que otorga la presente ley, ella debe prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento". 

El proyecto tiene dictamen desde noviembre de 2020 y reunió las firmas de diputados del oficialismo y la oposición, por lo que se estima que en el recinto contará con una amplia cantidad de votos de todos los sectores. 

Los fundamentos del proyecto

El texto cuya autora es la chaqueña Lucila Masín precisa que "la intención era poner la ley a tono con lo dispuesto sobre capacidad de las personas en el Código Civil y Comercial vigente y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cumpliendo con un reclamo que las personas con discapacidad vienen realizando en pos de su autonomía, desde hace varios años".

En ese aspecto, detalla que "el Código Civil y Comercial de la Nación ahora vigente adopta una nueva concepción sobre la capacidad, ya no es un atributo que se le otorga o se le quita a una persona sino un derecho humano y en consecuencia la incapacidad se prevé como excepción debiendo mediar sentencia judicial. La capacidad como derecho humano se presume.

"La idea de que se actuaba en nombre de 'la persona incapaz' sin siquiera consultarla no es más una opción legal, la capacidad es un derecho humano y como tal se garantiza su ejercicio. En tal sentido se propone la nueva redacción obligando a la autoridad de aplicación a dar información accesible a las personas con discapacidad según sus necesidades, de manera que comprendan acabadamente en qué consiste la intervención y cuáles son las consecuencias de realizarla", dice en sus fundamentos el proyecto de ley que será tratado mañana.

CP