Muchos han aplaudido que EEUU decidiera congelar bienes y cuentas de violadores de derechos humanos en Venezuela. Se sintió como una gota de justicia ante la ola de abusos del régimen de Maduro. Pero el llamado a Emergencia Nacional por la “amenaza” que implicaría Venezuela es una noticia muy alarmante que no debe ser tomada a la ligera.
Recordemos que en 1989 el Presidente de los EEUU, George Bush Padre, declaro a Panamá una “inusual y extraordinaria amenaza” a la seguridad nacional. Poco después EEUU invadió el país centroamericano y derrocó a Noriega. Y este es el antecedente que más preocupa, no porque pensemos que EEUU realmente planea invadir a Venezuela, sino porque da letra para fortalecer el discurso oficial del país caribeño frente a EEUU.
Hace más de 15 años que el chavismo postula a EEUU como la principal amenaza a la región, y una y otra vez llamaron a la defensa ante las intenciones imperialistas que este país suponía. Con el golpe del 2002 este discurso se consolidó, y formó parte regular de una construcción en la que EEUU siempre estaba a un paso de dar un golpe o invadir a Venezuela. Claro, también esto coincidió con un periodo de poca a nula atención de EEUU a la región, por lo que de a ratos estas afirmaciones de inminente catástrofe diplomática internacional parecían carecer de sustento.
Documentos de la Universidad Militar de Venezuela señalan que el conflicto con EEUU estaría dividido en fases. La primera seria la instigación de la conmoción interna venezolana por medio de “acciones para desestabilizar el país”. O sea, EEUU apoyaría a la oposición y apoyaría acciones dentro de Venezuela que traigan inestabilidad. En el discurso oficial esta fase ya se ha cumplido, con las protestas que se han dado desde febrero de 2014.
La segunda fase preparatoria de una intervención de EEUU en Venezuela seria la “creación de condiciones políticas y técnicos-militares” y la “coordinación con aliados”, en conjunto con un “bloqueo militar”. Esta fase es en la que, según el gobierno de Venezuela, nos encontramos ahora, dado el veto a la compra de equipamientos militares que tiene el país, las sanciones contra sus funcionarios y una creciente oposición internacional.
El problema es cómo el gobierno de Venezuela, y sobre todo su Fuerza Armada, creen que se debe contrarrestar esta etapa. La línea oficial indica que primero se debe “Decretar el Estado de Conmoción Exterior”, o lo que hizo Maduro ayer, solicitar “poderes habilitantes para preservar la paz” que en verdad son superpoderes que ayudan a concentrar aún más el alcance y control del poder ejecutivo venezolano. El otro elemento de contraposición a esta fase es el “Incremento Gradual del Apresto Operacional de la Fuerza Armada” seguido inmediatamente de la “Ejecución del Despliegue Estratégico de la Fuerza Armada” en coordinación con “acciones para enfrentar la guerra” y el “paso del país a Teatro de Guerra”.
En resumen, esta nueva fase lleva a la profundización de la militarización en Venezuela, la supresión de derechos y la suspensión de garantías. Justamente lo contrario a lo que queremos en un país ya marcado por la represión, la persecución política y la violación de derechos humanos. A su vez pone en jaque las elecciones parlamentarias que se aproximan, ya que un “estado de conmoción” puede servir de excusa para suspender/posponer elecciones. Esto último es muy conveniente ante el colapso de la popularidad del chavismo y prospectos prometedores para la oposición en el legislativo.
La realidad es que Maduro se encuentra en una profunda crisis económica, social y política, con recursos reducidos, elevados índices de corrupción, capital político limitado, índices de aprobación por el piso y enormes presiones internas en su partido. Los EEUU le dio un respiro al ofrecerle las herramientas discursivas que más necesitaba para externalizar la crisis, consolidar la construcción de un “enemigo común” y recuperar la cohesión entre las líneas chavistas.
Ayer, Obama le escribió el discurso a Maduro.
(*) Analista internacional especializado en política externa, defensa, seguridad y derechos humanos
