La Inspección General de Justicia (IGJ) se vio revolucionada esta semana, tras el avance judicial contra la empresa Hotesur SA, propiedad de la familia presidencial. La instrucción política que llegó a la repartición es que los más de 47 mil expedientes de empresas que están en mora con la presentación de balances y otras faltas deberán ser tramitados antes de abril.
El cambio, coincidente con las acciones del juez Claudio Bonadio contra la empresa hotelera de los Kirchner, despierta sospechas de que se quiere sacar a la luz, en tiempo récord, un bosque de empresas en falta para tapar la situación del árbol, Hotesur SA.
En la semana, se sumaron a la repartición uno veinte empleados y se espera la llegada de otros veinte en los próximos días. Fuentes del ministerio indicaron que la tarea que deben realizar es de naturaleza burocrática y no requiere un conocimiento específico particular. Deberán estudiar cada expediente, detectar faltas y completar la “resolución proforma” –esto es, sólo deben completar un formulario con los datos de cada expediente– para generar la intimación que, esperan, llegará a cada empresa en falta antes de abril.
Hubo también traslado de escritorios y material informático para los nuevos empleados asignados a la IGJ. Según indicaron trabajadores de la repartición a PERFIL, los flamantes fichajes fueron transferidos desde Derechos de Autor el jueves y desde la sede central del ministerio el miércoles. La falta de espacio en la repartición, que pasó de 250 empleados a más de 500 en los últimos años, obligó a reacondicionar el salón comedor para convertirlo en una oficina. Según indicaron empleados del ministerio, este espacio no era muy utilizado porque el lugar original del comedor, aledaño a la cocina, había sido trasladado para ubicar allí a los gremialistas que responden a la CTA oficialista de Hugo Yasky.
Los expedientes sobre los que trabajarán los nuevos empleados de la IGJ son los 47.343 que mencionó un comunicado de esa repartición, citado luego por la Presidenta el martes desde su cuenta de Twitter. “El mismo comunicado de IGJ informaba que Hotesur SA se encontraba entre las sociedades activas que han presentado Declaración Jurada y cuya documentación se encuentra en etapa de análisis, junto con otras 47.373 sociedades comerciales”, indicó la mandataria desde la red social.
Según los datos difundidos por la IGJ había un total de 150.805 sociedades comerciales activas al 31 de octubre de este año. Sobre ese universo, unas 83.319 presentaron declaraciones juradas. Los datos del organismo especificaron que 47.373 expedientes de empresas que presentaron declaraciones juradas aún están bajo análisis. Entre estas sociedades está Hotesur SA Y, según la Presidenta, también una sociedad vinculada al juez Bonadio.
PERFIL consultó a empleados, gremialistas, ex empleados y ex responsables políticos del ministerio para entender cuál es la situación de los expedientes. Todos coincidieron en señalar que el retraso en la presentación de balances o el pago de tasas es habitual y el número remarcado por Cristina Kirchner no es descabellado.
Sin embargo, también hubo coincidencia en destacar que las empresas que acumulan las faltas cometidas por Hotesur –además de los balances, la existencia de una sede ficticia y otras faltas vinculadas a reuniones de directorios– están lejos de ser la norma.
Control camporista
En la IGJ hay hoy cerca de 500 empleados bajo la dirección del abogado camporista Diego Martín Cormick, encargado de implementar en estos días el plan para avanzar en los miles de expedientes pendientes. Es una repartición controlada por el subsecretario de Coordinación y Control Registral, Ernesto Kreplak, quien implementó el cepo informativo que se cerró a partir del estallido del escándalo Ciccone. Kreplak responde al camporista y virtual jefe del ministerio, el secretario de Justicia Julián Alvarez. El organismo fue objeto de la disputa entre Julio Alak y la agrupación juvenil fundada por Máximo Kirchner. La victoria definitiva de estos últimos llegó en 2012, con la designación de Norberto Brener y el remplazo de Marcelo Mambertti –quien había sido designado por Aníbal Fernández.
Fuentes gremiales destacan un dato que muestra el férreo control de la repartición: fue una de las más desfavorecidas en la asignación de concursos para pase a planta permanente. Sobre un total de 500 para todo el ministerio, sólo recibió 15 cargos, mientras que otras reparticiones lograron cerca de un centenar de puestos.
