En el marco de la causa Vialidad, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola reclamaron que el Tribunal Oral Federal N.°2 “proceda inmediatamente a la ejecución de los bienes” de Cristina Kirchner y de los demás condenados en el expediente.
El planteo se realizó en un escrito de 21 páginas presentado ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, donde los representantes del Ministerio Público respondieron a las impugnaciones de la exmandataria, quien había solicitado la nulidad de la medida y cuestionado la competencia del tribunal para ejecutar el decomiso de $684.990.350.139 fijados como reparación al Estado.
“En este juicio se acreditó la existencia, entre 2003 y 2015, de una de las matrices de corrupción más extraordinarias de la historia argentina. Esta defraudación colosal trajo perjuicios inconmensurables para las arcas públicas”, sostuvieron los fiscales.
Metodología y monto, cuestionados
La defensa de Kirchner había objetado la resolución que ordenó la ejecución de sus bienes, cuestionando tanto el monto como la metodología utilizada por el Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema para actualizar la cifra. Además, planteó que el tribunal no era competente para avanzar con la medida.
En su réplica, Luciani y Mola calificaron a la expresidenta como “la principal responsable” de la maniobra y la acusaron de interponer “todo tipo de artilugios y excusas” para impedir el recupero de los fondos. “Sus planteos apuntan a obturar toda posibilidad de que se recuperen los efectos del delito, cuyo apoderamiento ilícito se comprobó en este juicio y se determinó en una sentencia que ya adquirió firmeza”, remarcaron.
Los fiscales subrayaron que “el decomiso de la suma establecida por el tribunal no es una opción, sino una obligación prevista en la sentencia firme, en nuestro derecho interno y en los tratados internacionales sobre la recuperación de activos ilícitos, de los que la Argentina es parte”.
En otro pasaje del escrito, advirtieron que la negativa de la expresidenta a devolver el dinero constituye “una afrenta al tribunal y a la sociedad, víctima de este flagelo”. Según señalaron, los fondos desviados podrían haberse destinado a políticas de seguridad vial, salud, infraestructura, educación, trabajo, vivienda o jubilaciones. “El monto fijado es mínimo en comparación con el daño real e inmenso que se produjo”, añadieron.
La condena por las irregularidades en la adjudicación de obras públicas a Lázaro Báez entre 2003 y 2015 ordenó el decomiso de bienes por $84.835 millones, cifra que fue actualizada a casi $685 mil millones. Además de Cristina Kirchner y Báez, fueron condenados el exsecretario de Obras Públicas José López, el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti y otros cinco exfuncionarios.
El Tribunal Oral Federal N°2 ya rechazó la semana pasada las nulidades planteadas por la defensa y concedió el recurso de casación contra el fallo que actualizó el monto. Mientras tanto, la fiscalía insiste en que se ejecute de manera inmediata la medida para recuperar al menos una parte de los recursos “dilapidados durante 12 años de corrupción sistemática”.
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