Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron que ninguno de los condenados en la causa “Vialidad” se desapodere ni mueva dinero que pueda afectar el recupero de activos, que la semana pasada la Justicia estimó en $ 684.990.350.139,86 de pesos (537 millones de dólares según el cambio del viernes).
“Las medidas de restricciones impuestas a Lázaro Báez para otorgar actos jurídicos o realizar cualquier acción que produzca efectos legales sobre su patrimonio se haga extensiva a todas las personas condenadas en esta causa”, sostiene el escrito presentado por los representantes del Ministerio Público Fiscal.
El viernes, el Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema envió al juez del Tribunal Oral Federal N° 2, Jorge Gorini, el monto final que deberán devolver la ex presidenta Cristina Fernández Kirchner y los otros ocho condenados en el caso Vialidad.
Frente a esa cifra, el fiscal Luciani pidió que Cristina Kirchner, Lázaro Báez y el resto de los imputados no puedan movilizar nada de sus respectivos patrimonios para que se haga efectivo el decomiso de bienes.
La fiscalía requirió que esa medida se adopte sobre los bienes de Cristina Fernández de Kirchner: el paquete accionario de las tres compañías familiares (Hotesur, Los Sauces y COMA SA), 26 inmuebles, dos vehículos y el dinero que pueda poseer en instituciones bancarias.
El planteo de Mola y Luciani se hizo luego que detectaron una maniobra que podría entorpecer el decomiso de bienes. Advirtieron que el 24 de junio Claudia Insaurralde, pareja de Lázaro Báez, fue a visitarlo a la cárcel de Río Gallegos para que firme una serie de documentos vinculados a sus propiedades del empresario. El Servicio Penitenciario informó la situación a la Justicia y prohibió el ingreso. Desde la defensa de Báez dijeron que eran documentos de designación de abogados.
Frente a eso, los fiscales entendieron que se deben tomar “ciertas medidas para evitar que los imputados concretaran actos jurídicos que pudieran llegar a obstaculizar, dificultar o impedir el decomiso”.
Los fiscales pidieron al Tribunal que ejecuta la pena del caso Vialidad, que se mantengan los embargos trabados en este expediente.
Juan Villanueva, abogado defensor de Lázaro Báez, señaló a Perfil.com que “el dictamen del fiscal Luciani es un delirio absoluto y desconoce principios básicos del derecho”. El letrado, que defendió a Báez durante todo el juicio en la causa “Vialidad” indicó que su cliente tiene una inhibición general de bienes, por lo que no puede disponer, vender o ceder ningún bien y que eso está inscripto en todos los registros inmuebles y automotores del país.
Villanueva explicó que todos los bienes de Báez están embargados y en ese sentido “es material y legalmente imposible que una persona inhibida ceda un bien embargado”. Sobre el ingreso de Claudia Insaurralde al penal donde está detenido Báez, Villanueva dijo que fue a pedido suyo, para llevar dos escritos de designación de abogados de su estudio.
“Claudia Insaurralde entró al penal con esos dos escritos de designación y un poder de Administración (no de disposición) hecho y sellado por el propio Servicio Penitenciario Federal”, aclaró Villanueva.
La Justicia mantuvo las restricciones a las visitas y el uso de la tobillera para Cristina Kirchner
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió mantener las restricciones de visitas y el monitoreo electrónico mediante tobillera para la expresidenta Cristina Kirchner, quien fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en el marco de la causa Vialidad.
El fallo fue dictado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes analizaron los planteos presentados por la defensa respecto a dos condiciones impuestas en el régimen de prisión domiciliaria: la obligación de contar con autorización previa para recibir visitas que no estén en una lista preestablecida y el uso obligatorio de un dispositivo de vigilancia electrónica. Además, se pronunciaron sobre un recurso del Ministerio Público Fiscal, que en un primer momento había solicitado la revocación de la prisión domiciliaria.
Durante una audiencia oral y pública, el fiscal general Mario Villar desistió de ese recurso, al considerar que Cristina Kirchner cumple de forma adecuada con las condiciones impuestas y que ya no se mantienen vigentes las circunstancias que justificaron originalmente la prisión domiciliaria.
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